Andalucía pretende frenar la instalación de más hipermercados
La Junta de Andalucía ha cerrado con el sector una reforma de la ley de comercio que frenará la apertura de nuevos hipermercados. La licencia autonómica será previa a la municipal y obligatoria para proyectos de 1.000 metros si se ubican en localidades pequeñas. También las tiendas de superdescuento estarán sujetas a doble licencia. Además, se planificarán las necesidades comerciales y se fijarán moratorias de aperturas en las comarcas más saturadas. Se estudia también fijar un impuesto que grave la apertura de hipermercados.
La reforma de la ley andaluza de comercio, cuyo primer borrador consensuado con el sector permanecía paralizado desde primeros del año pasado por las elecciones autonómicas y el posterior cambio de departamento de las competencias de comercio, vuelve a enfilar el camino del Parlamento y podría estar lista para el próximo año.
El nuevo texto quedó cerrado a finales de julio e implicará un endurecimiento en la concesión de licencias a grandes superficies y la regulación de las nuevas fórmulas comerciales. El Gobierno andaluz se encargará a partir de ahora en todos estos casos de otorgar la primera licencia de apertura, mientras que los ayuntamientos darán la segunda.
La reforma de la ley se ha cerrado con el consenso de todas las partes representadas en la mesa del sector: pequeño y mediano comercio, grandes superficies, sindicatos y Junta de Andalucía. Según fuentes cercanas a la negociación, el pacto fue posible gracias a que finalmente se quedó fuera del borrador de la reforma el impuesto a las grandes superficies que defendían los sindicatos, los pequeños y medianos comerciantes y la propia Junta. Sin embargo, estas mismas fuentes aseguran que el Gobierno andaluz se plantea dar entrada a este punto en el trámite parlamentario.
El impuesto andaluz a las grandes superficies, al contrario que la polémica tasa catalana recurrida por el Gobierno, gravaría solamente la apertura de cada establecimiento considerado como gran superficie, pero no sería un impuesto anual a la actividad como en Cataluña.
La definición misma de gran superficie, aquella que para su apertura requiere licencia del Gobierno de la comunidad además de autorización municipal, ha sido sometida a revisión. En el actual marco, se considera gran superficie el establecimiento comercial que supera los 2.500 metros cuadrados.
Pero la reforma incorporará un sistema de licencias con varios tramos que considerará como gran superficie un establecimiento de sólo 1.000 metros cuadrados si éste se proyecta en una localidad de menos de 10.000 habitantes. Así, en función de la densidad de población de los municipios para los que se solicita licencia de apertura, se exigirá autorización de la Junta para los locales de 1.000, 1.300, 2.000 y 2.500 metros cuadrados.
Redefinido el concepto de gran superficie, el núcleo duro de la reforma andaluza consiste en darle la vuelta al actual sistema de doble licencia. Para el caso de nuevas aperturas de grandes superficies será la Junta la que deberá otorgar una primera y obligatoria autorización y los ayuntamientos, la segunda, que no es vinculante. Este punto trata de atajar los casos de complejos que se están abriendo sin licencia autonómica y con la complicidad de los ayuntamientos.
El visto bueno de la Junta será necesario además para nuevas fórmulas comerciales como las tiendas de superdescuento y los llamados parques de fabricantes, que venden mercancía de otras temporadas. Los primeros sólo necesitan ahora la autorización municipal porque no suelen exceder de 2.500 metros cuadrados.
Se fijarán moratorias
La Junta quiere poner coto también a la proliferación de los parques de fabricantes, para lo que delimitará claramente su concepto y fijará sanciones si esta denominación se utiliza inapropiadamente.
Otra pieza clave de la reforma será un plan de equipamientos comerciales a partir del cual se establecerán moratorias de aperturas en las comarcas más saturadas. El estudio se hará a nivel comarcal y sus conclusiones se proyectarán para cuatro años, aunque las moratorias se revisarán cada dos ejercicios.
Una avalancha de proyectos pugna por instalarse
Andalucía se ha convertido en la diana de los planes de expansión de los principales grupos de distribución, cuyas aperturas se sumarían a los proyectos de centros comerciales que están promoviendo empresas locales y regionales en cada cabecera de comarca de Andalucía.
La patronal andaluza del pequeño y mediano comercio CECA calcula que en la comunidad, que ya está a la cabeza nacional en número de grandes superficies y tiendas de superdescuento, se están promoviendo en estos momentos más de 50 proyectos comerciales de distinto signo. Los comerciantes atribuyen esta avalancha al anunciado endurecimiento de la ley andaluza.
El grueso de estos proyectos todavía no ha solicitado la preceptiva licencia a la Junta, pero todos se anuncian ya a bombo y platillo por parte de los ayuntamientos donde se ubicarían. Promotores y empresas locales -como es el caso del factory que ya funciona en Bormujos (Sevilla) sin licencia de la Junta y de otros tres complejos que la Junta ha llevado a los tribunales- aprovechan las debilidades de la actual ley para sacar adelante sus inversiones, aunque éstas hayan sido expresamente desautorizadas por el Gobierno andaluz.
El sector y la propia Junta han promovido la reforma de la ley precisamente para hacer frente a este fenómeno. Y es que los ayuntamientos acceden rápidamente a conceder licencia municipal a todos los proyectos comerciales que prometan inversión, empleo, compra de suelo y futuro pago de impuestos para el municipio.