Aló rompe con la práctica de los nuevos operadores e impone una cuota mensual
El quinto operador de telefonía fija de España, Aló, comenzó a cobrar desde agosto una cuota mensual de 965 pesetas a sus clientes, una práctica que sólo realizan Telefónica y BT. Según aseguraron ayer los responsables, no se trata de una nueva cuota de abono, sino de una oferta que permite a sus usuarios acceder a otros servicios, como Internet gratis, factura detallada o asistencia las 24 horas.
Sin embargo, la oferta no permite renunciar a estas nuevas prestaciones y mantenerse como cliente de Aló sólo para el servicio de telefonía indirecta. El cliente que no quiera pagar las 965 pesetas al mes tendrá que darse de baja.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) fue la encargada de dar la voz de alarma, no tanto por el cobro, que es legal, sino por la ausencia de información previa a los clientes. Aló asegura que sí ha hecho publicidad, a través de un anuncio en su página web. Reconoce, con todo, que no ha hecho avisos individualizados, por el elevado coste que conlleva.
La intención de Aló es buscar fuentes alternativas de ingresos y recortar, a la vez, el número de clientes que tienen contratados sus servicios de telefonía indirecta, pero no los utilizan. Por eso, las 965 pesetas mensuales sólo se cobrarán a los abonados con un consumo inferior a esta cifra, con el objetivo de asegurarse unos ingresos mínimos por usuario.
Cambio de tendencia
En este escenario y según los cálculos de Aló, sólo abandonarán la compañía los clientes que no hagan uso de ella. Para el consejero delegado, Alejandro Rivas-Micoud, este perfil de abonado representa menos del 10% de los 125.000 que tiene la compañía.
El desmarque de Aló confirma un cambio de tendencia en el mercado español de telefonía fija, que ha dejado a un lado la guerra de precios para centrarse en la rentabilidad y la calidad de los servicios. El primer ejemplo de ello lo dio Jazztel, que en abril empezó a cobrar por establecimiento de llamada. A ello ha contribuido también, según fuentes del sector, la política regulatoria del Gobierno.