<I>Gescartera ¿Se puede hacer mejor?</I>
Han desaparecido 19.000 millones de pesetas confiados por diversos inversores a una agencia de valores llamada Gescartera. En consecuencia hay muchos perjudicados y, hasta ahora, sólo algunos de los presuntos responsables están en la cárcel. Otros presumibles responsables no han alcanzado aún la categoría de presuntos y está por ver la extensión de las responsabilidades y el resultado de la investigación judicial en marcha.
El debate público, a la vista del número de personas situadas en los aledaños del Gobierno y su partido, ha adquirido, no obstante la prudencia exhibida hasta ahora por el partido socialista, el cariz de una disputa entre el Gobierno y la oposición. La comparecencia en el Congreso de Pilar Valiente, presidenta de la CNMV, sirvió sobre todo para confesar el desconocimiento absoluto del destino de los fondos (a salvo 200 o 300 millones) y para esperar que la SEC estadounidense se tome el tiempo suficiente para informarnos de la verosimilitud de que una sociedad recién creada en el Estado de Delaware (Martin Investments) pueda ser depositaria de los fondos ausentes, como aseguraba el señor Camacho -enfundado en su Armani, supongo-, en un fax tan sospechoso como los sellos de caucho de Caja Madrid utilizados por su empresa.
A decir verdad, sirvió también para acreditar, con sus propias palabras, la falta de razones de peso que había tenido la CNMV para producir la promoción de la sociedad gestora de cartera Gescartera a la condición de agencia de valores Gescartera, tras notorias, reiteradas y graves resistencias a la acción inspectora de la propia Comisión que preside la señora Valiente. Pero salvo estos paladines reconocimientos, el debate se centró en el relato de las evidencias conocidas hasta el momento, que llevó a cabo la oposición, y en la defensa cerrada del espléndido comportamiento de la CNMV y del Gobierno que, según el Partido Popular, quedaba acreditado por los hechos.
No es posible que un asunto de esta magnitud quede en un debate tan insignificante. Aceptemos provisionalmente la tesis del Partido Popular: todo se ha hecho bien y, como ha recordado desde su residencia estival el señor Aznar, lo importante es que ha sido la CNMV la que ha descubierto el pastel. Hay, por lo tanto, unos sinvergüenzas -¡desgraciadamente siempre hay sinvergüenzas!, esto es sabido- a los que los órganos responsables han pillado. Podemos estar satisfechos, parece querer decir el señor Aznar, del funcionamiento de las instituciones que velan por los ahorros de los españoles y la credibilidad del sistema financiero.
Efectivamente, nada habría que objetar a la afirmación de que ha sido la CNMV quién ha descubierto el desfalco. Como tampoco es criticable el crudo realismo del Partido Popular sobre la lamentable condición moral de algunos seres humanos. Pero, en cambio, la conclusión que se pretende derivar está lejos de ser un silogismo aceptable.
Ninguna de las dos premisas que sostienen su discurso prueban que la CNMV, con la información de que disponía, actuase con la prudencia debida en defensa de los ahorradores y en la garantía del público. Más bien la apariencia es exactamente la contraria y quedan, todavía, muchos pormenores por conocer en torno a las decisiones de los meses anteriores de vida de Gescartera.
En consecuencia, a pesar de la encendida defensa popular sobre la solidez del sistema financiero, que nadie quiere poner en cuestión, me temo que lo ocurrido no puede considerarse por un observador responsable como la mejor contribución a la credibilidad de las instituciones que han de velar por aquella solidez que se asienta en el rigor de la supervisión.
Una forma puramente partidista de plantear el asunto consiste en comparar este feo asunto con otros igualmente feos ocurridos en épocas pasadas -socialistas, por supuesto- a fin de decidir en concurso abierto el grado de fealdad más intolerable.
Algunos portavoces del Partido Popular acostumbran a utilizar este recurso a modo de mágico talismán defensivo que, sobre aburrido, resulta escasamente estimulante para la inteligencia y notoriamente inútil para impedir o minimizar nuevos sucesos de parecida factura. No es razonable prestarle mucha atención.
Es obvio que la investigación judicial ha de seguir su curso. Esperemos que lo haga sin cortapisa alguna. Pero quienes no tenemos la misión de juzgar de acuerdo con el Código Penal y sí alguna en garantizar la credibilidad de las instituciones económicas, hemos de preocuparnos no tanto por las penas que recaigan en el proceso, sino por el desempeño de los órganos responsables -Gobierno y CNMV- de la ejecución de las normas vigentes y por la adecuación de estas normas a los fines de la seguridad y confianza en el sistema financiero. Desde este punto de vista, resulta inexcusable investigar si la CNMV hizo lo que debía hacer desde el comienzo de la vida activa de Gescartera y si el Ministerio de Economía, al aprobar la elevación de su rango como operador del sistema, actuó correctamente. En particular, resulta extremadamente incomprensible la decisión de no dar publicidad a la sanción impuesta a Gescartera con anterioridad -al parecer, impagada- si lo que preside las decisiones del organismo regulador, en un mundo en que la confianza lo es todo, es precisamente el interés del público y no el interés patrimonial de los titulares de una sociedad.
Y, naturalmente, conviene despejar cuanto antes si las "coincidencias de nombres" y las relaciones entre funcionarios actuales o pasados de la CNMV y Gescartera albergaba algo distinto que una relación aleatoria y profesional; por ejemplo, una influencia política o un intercambio de favores.
Con este motivo, quizás sea llegado el momento de saber si la legislación de incompatibilidades, que aprobamos entre todos en los tiempos en que se miraba con lupa quién escupía más lejos para dilucidar acerca de su compromiso en la lucha contra la corrupción, sirve para lo que se aprobó o, simplemente, se aplica hoy con manifiesta tolerancia desde el poder, en remisión de los pecados de exceso cometidos en el pasado.
De todas estas cosas convendría saber algo a la vuelta del verano. No vaya a ser que el hecho de que se esfumen 19.000 millones de pesetas sea, también, una nueva ocasión de felicitarnos por lo bien que funciona España. Así las cosas, ¿no resultaba evidente desde el principio que este es un caso de libro para una comisión de investigación parlamentaria? Lo pregunto sin ánimo de ofender, en atención a la transparencia presente y futura de nuestro sistema financiero.