Zaplana adoptará en 2002 el plan contable que utiliza Hacienda
El Gobierno valenciano podrá volver a hinchar los ingresos este año para lograr el déficit cero. La Generalitat ha aprobado el Plan General de Contabilidad que utiliza el Ministerio de Hacienda y que impide estos trucos, pero no entrará en vigor hasta 2002 y, además, no anula los ingresos ficticios de años pasados.
El consejero de Economía valenciano, Vicente Rambla, tiene prácticamente garantizado el déficit cero con las medidas adoptadas por su Gobierno en las últimas semanas. La última ha sido la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, que adopta con siete años de retraso el modelo que el Ministerio de Hacienda utiliza desde 1994.
La utilización de un modelo autóctono no es una cuestión baladí, puesto que ha permitido al Gobierno de Eduardo Zaplana reducir el déficit a base de contabilizar como ingresos expectativas de cobro no reconocidas. Rambla podrá utilizar por última vez esta argucia legal, denunciada por el Tribunal de Cuentas y su equivalente autonómico, la Sindicatura de Cuentas, ya que el plan no entra en vigor hasta el 1 de enero de 2002.
Además, el plan valenciano introduce una cuenta que permite hacer tabla rasa de las maniobras de años anteriores, incluido 2001. En ella se recogerán como ingresos los derechos de años anteriores pendientes de reconocimiento y cobro, de forma que no se les aplicará el nuevo plan, ya que ello supondría anularlos.
Una anulación que la Generalitat no puede permitirse, ya que a 31 de diciembre de 1999, último dato conocido, los derechos no reconocidos ascendían a 208.459 millones de pesetas (1.252,86 millones de euros). Un déficit no declarado que tendrá que ir anulando poco a poco, si consigue superávit en los próximos ejercicios, o con ayuda del Gobierno central. De estos derechos, aproximadamente la mitad corresponde a supuestas deudas de la Seguridad Social con la Generalitat, algunas arrastradas desde 1990, lo que, según el Síndico de Cuentas, "pone de manifiesto su incobrabilidad".
El Tribunal de Cuentas reveló el pasado mes de junio que en 1998 la Generalitat Valenciana tuvo un déficit, según la contabilidad estatal, de 125.000 millones de pesetas (751,27 millones de euros), en lugar del superávit de 746 millones de pesetas (4,5 millones de euros) que anunció poco antes de las elecciones autonómicas de mayo de 1999.
Parte de la diferencia provenía de un supuesto convenio firmado el antepenúltimo día del año por el que el Ministerio de Hacienda iba a transferir 45.000 millones a la Generalitat. En cualquier caso, Rambla podría no tener necesidad de recurrir a estos derechos para cuadrar las cuentas si tiene éxito su política de contención de gastos.
Rambla dictó una orden a finales de julio en la que prohibía cualquier acto que supusiese un nuevo gasto más allá del 31 de agosto, lo que con las vacaciones por medio supone prácticamente el cierre del gasto este año.
Deficiente proceso de transferencias
El Gobierno de Eduardo Zaplana espera ver aliviados sus problemas presupuestarios con una aportación del Ministerio de Hacienda que todavía está negociando, según fuentes de la Generalitat.
El diario Las Provincias publicó el pasado 2 de agosto que Hacienda financiaría con 100.000 millones de pesetas (601,01 millones de euros) obras de infraestructura sanitaria y educativa en la Comunidad Valenciana, como compensación a la supuesta deuda que el Estado tiene con la Generalitat por la atención médica y farmacéutica a los desplazados.
Aunque el diario daba el convenio por firmado, fuentes de la Generalitat lo negaron y aseguraron que todavía se está discutiendo -continuarán en septiembre, puesto que ahora están de vacaciones-, lo mismo que está haciendo la Generalitat de Cataluña.
Ambas Administraciones autonómicas culpan al deficiente proceso de transferencia de sus respectivos sistemas de salud de los problemas que tienen para lograr el equilibrio presupuestario. A ello añaden el incremento de los gastos médicos y farmacéuticos, que causa la afluencia de turistas de otras comunidades autónomas. La Generalitat Valenciana cifra este sobrecoste en 15.000 millones anuales.