El PSOE negocia con el PP para cambiar la ley de financiación de partidos
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ya ha tomado contacto con el secretario general del PP, Javier Arenas, para iniciar la reforma de la ley de financiación de partidos del año 1987. Ambos han acordado encauzar la negociación durante el mes de septiembre y coinciden en la urgencia de abordar dicha reforma a la vista de los apuros por los que atraviesan sus formaciones políticas desde que se han visto obligadas a sufragar parte de los gastos derivados de la protección de sus cargos públicos en el País Vasco.
En 1995 se produjo un primer intento de reformar la ley e incluso se creó una comisión parlamentaria cuyas conclusiones no fueron tenidas en cuenta. Dos años más tarde, el PP y el PSOE iniciaron de nuevo la negociación, que ampliaron también al resto de los partidos, de forma que fueron debatidos en el Pleno del Congreso hasta cinco proposiciones de ley dirigidas al mismo fin: elaborar una norma para superar la insuficiencia financiera de los principales partidos y, al mismo tiempo, introducir transparencia en sus arcas.
El alto grado de acuerdo alcanzado entonces por el PP y el PSOE encalló por la efervescencia alcanzada por el caso Filesa. Ambos partidos también pusieron sobre la mesa desacuerdos de fondo, sobre todo relacionados con la futura regulación de las aportaciones privadas y del carácter anónimo que quiso darles el Partido Popular.
Fuentes de las dos formaciones consideran que el trabajo hecho entonces puede servir como punto de partida para un acuerdo que el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, considera prioritario.
Más subvenciones públicas
Sigue habiendo un alto nivel de coincidencia en la necesidad de aumentar las subvenciones públicas, disminuir los gastos electorales y conceder un amplio abanico de ventajas fiscales para reforzar de algún modo las vías de financiación privada. El mayor escollo puede venir de las escasas simpatías de los socialistas en admitir donaciones de carácter anónimo, tanto si proceden de empresas como de particulares.
El gasto derivado de la protección de los cargos públicos en el País Vasco se ha disparado y ha supuesto un alto coste para los dos partidos, a pesar de que Interior aprobó el pasado mes de abril un crédito de 2.500 millones de pesetas destinado a pagar su seguridad privada.
En mayo del año pasado, el PP destinó 1.200 millones a este mismo fin. Este asunto ha sido objeto de frecuentes conversaciones entre el Gobierno y el Partido Socialista.