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Bruselas archiva el expediente del billón de las eléctricas

Fin. La CE dio ayer el cerrojazo a tres años de incertidumbre sobre el expediente de las compensaciones al sector eléctrico español, a través de los famosos CTC. Bruselas ha concluido que "no puede excluir que ese régimen contenga elementos de ayuda de Estado", pero, de ser así, "serían compatibles con el Tratado de la UE". Las eléctricas seguirán, por tanto, percibiendo los CTC, pero nunca más allá de 2010 y sólo cuando el precio del kilovatio-hora no supere las seis pesetas. Es decir, después de que el Gobierno cambiara radicalmente su posición inicial.

La Comisión Europea se congratulaba el 19 de diciembre de 1996 por la adopción formal de la directiva que abrió la senda para la liberalización del mercado eléctrico en Europa. Bruselas no podía imaginar que el artículo 24 de ese texto legal, que preveía compensaciones por la apertura del 30% del mercado para los antiguos monopolios en cada Estado miembro, marcaría también el inicio de un largo contencioso con uno de los socios comunitarios. Sólo ayer la CE logró desembarazarse del expediente de los costes de transición a la competencia, o CTC, que le ha obligado a soportar tres años de continuas presiones del Gobierno de José María Aznar

Bruselas también aprobó ayer, coincidiendo con esta primera decisión sobre regímenes de compensaciones al sector eléctrico (los de Austria y Holanda, además del español), las directrices para evaluar futuros programas de compensación. En adelante, la Comisión evitará con ellas enfrentamientos como el mantenido con Madrid, fijando con claridad los requisitos que deben cumplir las compensaciones al sector por una liberalización que se espera completar en 2005.

Limitados

Esas directrices, en las que se ha basado la decisión de ayer sobre los CTC del comisario de Competencia, Mario Mon-ti, estipulan, entre otros requisitos, que las compensaciones "deben ser limitadas en el tiempo y tomar en cuenta la evolución del mercado, especialmente los precios de la electricidad". Ninguna de las dos condiciones se cumplían en el caso de los CTC, hasta que la intervención del vicepresidente Rodrigo Rato sajó todos los elementos que hacían incompatibles las billonarias ayudas con el Tratado de la Unión.

Con un real decreto de febrero de este año, el vicepresidente inmoló las garantías de cobro sine die que el Gobierno había regalado a las eléctricas en 1998. El Gobierno acepta por fin, por exigencia de la Comisión Europea, que el cobro de los CTC no esté garantizado.

Las eléctricas, por su parte, han perdido el derecho a su titulización (es decir, cesión al sector financiero del derecho de cobro, aumentando así la rentabilidad) y la fecha límite para percibir las compensaciones de 1,69 billones de pesetas expira ahora en 2010.

De este modo, los CTC recuperan, gracias al empeño de la Comisión, el carácter de incentivo a la liberalización con el que fueron concebidos en su día. A partir de ahora, el precio del kilovatio-hora deberá descender por debajo de las seis pesetas si las seis eléctricas afectadas (Endesa, Fenosa, Cantábrico, Iberdrola, Hidroeléctrica de Cataluña y Elcogas) quieren percibir las compensaciones a las que Bruselas les concedió derecho ayer.

Rodrigo Rato suprimió además la adscripción del recargo del 4,5% en la factura de la luz de todos los consumidores que servía para financiar los CTC. El Gobierno se ha visto obligado, asimismo, a reducir la tarifa de la electricidad para 2002 como compensación a los consumidores por haber gravado con ese recargo, hasta febrero de este año, la electricidad importada.

La comisaria de Energía, Loyola de Palacio, celebró ayer la decisión de Monti de autorizar los CTC. "Va a dar mayor certidumbre al sector", indicó ayer en Bruselas. En ese mismo sentido se expresaba en Madrid la patronal eléctrica Unesa, que defendió la "coincidencia" de las autoridades comunitarias "con las tesis que (...) sostenía la industria eléctrica de nuestro país". Desde el departamento de Rato, la directora general de Política Energética, Carmen Becerril, afirmaba que "esta decisión (...) cierra un debate que, en algunos momentos, ha estado carente de rigor intelectual".

"Lamento que [el debate] se haya planteado como una cuestión nacional", afirmó, por su parte, la comisaria De Palacio, para quien algunas de las opiniones expresadas o publicadas estos últimos meses en tono a los CTC deberían ser motivo de "sonrojo" para sus autores.

De Palacio prefiere olvidar, en cambio, la insistencia de su departamento para investigar la parte de los CTC correspondientes a la energía nuclear.

Antes de las modificaciones introducidas por Rato, la comisaria porfió con su homólogo Mario Monti para arrebatarle el expediente y evitar la apertura de una investigación contra el Gobierno español.

"[Mi departamento] no las tiene ya que analizar", despeja De Palacio, "por la sencilla razón de que no hay ayudas de Estado". La decisión de ayer -la contradice el texto aprobado por la CE- "no prejuzga la posible aplicabilidad del Tratado Euratom [que regula la energía nuclear] a ciertas disposiciones del régimen de los CTC".

Por otra parte, la Comisión Europea adoptó ayer un proyecto de reglamentos que prolonga las ayudas al carbón en Europa hasta 2010.

 

La lógica del mercado derrota al favor político

"La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) (...) ruega a los responsables del Ministerio de Industria y Energía que no se intente politizar la discusión sobre los costes de transición a la competencia". Dos años y medio después de este ruego de la CNSE, cuyo presidente, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dimitió al no ser escuchado por el titular de Industria, Josep Piqué, la Comisión -la Europea esta vez- ha zanjado la cuestión imponiendo un criterio técnico sobre cualquier compromiso político del Gobierno con el sector. El protocolo que Piqué firmó con las eléctricas para garantizarles el cobro de un billón largo de pesetas es ya papel mojado, aunque las empresas han percibido ya casi la mitad.

La comisaria de Energía, Loyola de Palacio, que ha puesto también su cargo al servicio de la politización del expediente, insistía todavía ayer en que la autorización final de la Comisión Europea obedece a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. La carta que el comisario de Competencia, Mario Monti, enviará a las autoridades españoles constata, sin embargo, que "no es posible determinar aún" si una reciente sentencia del tribunal sobre ayudas de Estado a energías renovables ha modificado la jurisprudencia habitual.

Para el departamento de Monti, la decisión de ayer se basa, simplemente, en que las empresas eléctricas de toda la UE tienen derecho a a que se les compense por las inversiones que realizaron antes del proceso de liberalización y que en un mercado abierto quizá no puedan amortizar.

El mismo criterio que la CNSE recomendó a Piqué en noviembre de 1998. "Si esto no ha sido visto", concluía entonces el órgano consultivo, "se ha debido a que las empresas han hecho unos planteamientos que pueden llevar al engaño y a la confusión". Casi tres años de confusión, nada menos.

 

La CE ha resistido tres años las presiones de Madrid

El Gobierno de José María Aznar ha sido incapaz a lo largo de tres años de doblegar la resistencia de la Comisión Europea a dar el visto bueno a los CTC (compensaciones de transición a la competencia). En el mes de febrero de este mismo año el Gobierno de Madrid cedió; ayer, Bruselas archivó definitivamente los expedientes N68/99 y NN 49/99 que contienen los hitos cronológicos de la larga negociación.

19-12-96 Se aprueba la directiva europea de liberalización del sector eléctrico.

27-11-97 España adapta la directiva, que prevé la liberalización del 30% del mercado eléctrico.

26-12-97 El Gobierno español fija las compensaciones por la liberalización (1,9 billones de pesetas) pagaderas a año vencido, en función de la evolución del precio de la electricidad.

30-12-98 El Gobierno, de acuerdo con las eléctricas, modifica los CTC, reduciendo la cuantía a 1,3 billones de pesetas, pero garantizando a las empresas su cobro total y por adelantado al otorgarles el derecho a titulizarlos.

8-2-99 Primeras denuncias anónimas ante la CE por el posible carácter de ayuda de Estado de los CTC.

21-5-99 Madrid se niega a notificar a Bruselas las compensaciones de transición a la competencia como ayudas de Estado.

8-7-99 La CE rechaza con una decisión formal que los CTC respondan a las compensaciones previstas en la directiva de liberalización.

29-9-99 Madrid apela contra esa decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE (sin resolver aún).

12-11-99 El ministro de Industria, Josep Piqué, inicia los contactos con el comisario de Competencia, Mario Monti.

12-3-00 Victoria electoral del PP. Josep Piqué pasará a ser ministro de Asuntos Exteriores. El vicepresidente Rodrigo Rato se encarga de la negociación con el comisario Monti.

2-2-01 El Gobierno modifica los CTC como exigía la comisión.

25-7-01 La comisión archiva definitivamente el expediente de los CTC.

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