Duras críticas del consejo de privatizaciones a la venta de Ence

El Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) hizo público ayer un informe muy duro sobre la privatización de Ence. Pese a ello, este órgano, presidido por el popular Luis Gámir, da luz verde a la operación. La privatización, que hoy será ratificada por el Consejo de Ministros, se ha hecho, según el CCP, sin cumplir totalmente el principio de transparencia.

Hace un mes la SEPI hizo pública su elección por el consorcio de entidades financieras formado por Caixa Galicia, Bankinter y Banco Zaragozano. El precio del 24,99%, la mayoría de control, quedó fijado en 21.718 millones de pesetas y se comprometieron otros 140.000 en el plan industrial. Otro de los interesados, Portucel, firmó con Ence un acuerdo industrial, mientras el consorcio de Sonae, Banco Pastor y las asociaciones Silvanus y Foresgal fue el primer descarte de la SEPI. Posteriormente, se hizo una OPV institucional por el 32,1% a 15 euros por acción.

A un día de su prevista aprobación por el Consejo de Ministros, el CCP publicó ayer un informe sobre esta operación con serias críticas al proceso. No obstante, y pese sus reservas, Gámir dio su visto bueno y desde la semana que viene Ence será una empresa privada en la que los puestos de los consejeros de la SEPI estarán ocupados por Alberto Cortina por parte del Zaragozano, José Luis Menéndez, de Caixa Galicia, y Ricardo Egea, por Bankinter.

La primera de estas críticas de CCP se ha repetido en otras privatizaciones: la elección de un asesor para la venta independiente del coordinador de la misma y que no participe en la colocación.

La SEPI no siguió esta recomendación. El que fuera el BCH en el momento de inicio de la privatización (1998) fue elegido coordinador global. En 2001 y tras el cambio de diseño de la operación (estaba previsto que el 51% se colocara en una OPV institucional), se prorrogó el mandato del ya BSCH como asesor. En vista del tiempo transcurrido y el cambio de diseño, el CCP se mostró favorable a un nuevo concurso.

Pero la SEPI mantuvo al BSCH aduciendo que repetir el concurso retrasaría el proceso a pesar de las reticencias del CCP que ve afectada así la concurrencia y la transparencia del proceso.

Conflicto de intereses

Pero el CCP tiene además una "especial preocupación" con los conflictos de intereses y recuerda que en uno de los grupos oferentes figura una entidad que, aunque no está participada por el consejo asesor del BSCH, sí comparte con éste miembros comunes en sus consejos de administración. Jaime Botín, presidente de Bankinter, es vicepresidente del BSCH.

El órgano presidido por Gámir señala en su informe que a la hora de examinar las ofertas "sólo ha tenido acceso a unas cartas del banco asesor, de fecha posterior a la adjudicación, en las que se manifestaba la opinión relativa a que uno de los planes industriales (el de Sonae) era inferior a los otros". No obstante, indica que no ha podido conocer los argumentos que motivan esa conclusión.

El CCP contempla este hecho, otra vez, con "especial preocupación" por el peso dado al plan industrial que ponderaba un 65% en la decisión frente al 35% que pesaba el precio en la decisión.

A este respecto, el órgano consultivo vuelve a discrepar por el poco incentivo que tienen las empresas para ofrecer una buena oferta . Además se considera que son elementos subjetivos (la valoración de un plan industrial) los que han resultado determinantes en la adjudicación cuando el CCP asegura que sólo los criterios objetivos, como el precio, aseguran la transparencia de las operaciones.

El órgano consultivo asegura que la información para saber en qué estaba basada la puntuación otorgada por la SEPI era insuficiente y critica los contactos con uno de los oferentes, Portucel, para sellar un pacto industrial.

Vuelve a señalar en este punto la posible conculcación del principio de transparencia. Pero no es la última vez. El propio CCP asegura haber tenido dificultades para obtener "en tiempo y forma la información solicitada".

También ayer se oyeron las críticas de un grupo de accionistas, que dice tener el 0,5% del capital. Según ellos, el bajo precio final de la OPV en la que quedaban fuera los particulares, y el blindaje, perjudicó a quienes han adquirido participaciones desde el inicio de la privatización.