La SEPI estudia retrasar la quiebra de Aerolíneas para facilitar su venta

Aerolíneas Argentinas podrá seguir operando después del 23 de julio, aunque ese día concluya el trámite judicial de la suspensión de pagos, según fuentes del Gobierno argentino. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no negó ni confirmó la información. Un acuerdo tácito para no precipitar la quiebra se habría concretado la semana pasada en Madrid, durante una visita de incógnito del ministro de Infraestructura argentino, Carlos Bastos.

La reunión tuvo lugar el pasado 9 de julio, en la sede del Ministerio de Hacienda. Bastos fue recibido por el ministro Cristóbal Montoro, a quien acompañaba el presidente de la SEPI, Pedro Ferreras.

Bastos viajó a Madrid durante el fin de semana, aprovechando que el día del encuentro era una jornada sin actividades en Argentina, ya que se celebraba un nuevo aniversario de la independencia del país. Las fuentes dijeron que, durante el encuentro, Montoro le comunicó a Bastos que "no creemos necesario pensar en la cuestión de las indemnizaciones, ya que seguramente venderemos la compañía antes de eso".

Esto fue interpretado por el ministro argentino como una clara indicación de que el Gobierno español no piensa precipitarse y solicitar la quiebra de Aerolíneas de inmediato. Pocos días antes de anunciar que solicitaría la suspensión de pagos, la SEPI aseguró que al vencer el plazo de un mes para la tramitación judicial de ese pedido, declararía la quiebra de Aerolíneas si hasta ese momento no hubiese recibido alguna oferta de compra de la empresa.

"Es evidente que la mención del tema de las indemnizaciones es una referencia directa al tema de la quiebra. Y que si se da prioridad a la venta de la compañía, queda claro que el 23 de julio no habrá pedido de quiebra", dijeron las fuentes consultadas. Por otra parte, "debe tenerse en cuenta que la liquidación de la empresa requeriría gastos muy elevados, todos a cuenta del Estado español, y que anteriormente la SEPI dijo que no pondría más dinero pero los sueldos se están pagando".

A su juicio, la SEPI y el Gobierno español no quieren dar ningún mensaje público que pueda ser interpretado como una debilidad de su posición. "Pero es claro que a nadie le conviene que Aerolíneas quiebre. Al Gobierno argentino, por razones obvias, ya que en el actual contexto económico, político y social podría ser un elemento de desestabilización aún mayor. Y para España y sus empresas significaría una nueva ola de indignación pública y de ataques a sus inversiones en el país".

Por eso resulta urgente que aparezca un inversor. Una posibilidad que se demora, no sólo por las dificultades intrínsecas de Aerolíneas, sino también por las añadidas por la profunda crisis financiera y política que atraviesa Argentina.

La SEPI dijo hoy que "no ha habido novedades. La situación no ha cambiado y no hemos recibido ofertas concretas". Al ser consultado sobre un eventual aplazamiento de la quiebra al vencer el plazo de la suspensión de pagos, un portavoz de la SEPI dijo que "no tenía información al respecto", sin negar este extremo.

Hasta el momento, sólo existen dos propuestas con ciertas posibilidades de transformarse en ofertas en firme. La primera es la del empresario argentino Eduardo Eurnekian, quien preside Aeropuertos 2000, la firma que tiene la concesión de todos los aeropuertos de Argentina.

La segunda, es la de un consorcio en formación y cuya cabeza visible es el ex presidente de Aerolíneas Argentinas entre 1973 y 1983, Juan Carlos Pellegrini.

Una tercera, pero sin buena recepción por parte de ambos Gobiernos, es la anunciada por Aerocontinente, que ofrece una inversión de 100 millones de dólares en 10 años.

 

Cualquier salida implica una reducción de plantilla

Cuando Eduardo Eurnekian se reunió con los sindicatos hace dos semanas fue muy claro: "No quedarán más de 2.000 personas empleadas si me hago cargo de la empresa".

Los dirigentes de los sindicatos que agrupan a casi 7.000 trabajadores de Aerolíneas respondieron con un rechazo total a esa propuesta, que supone la desaparición de la plantilla actual y, en cierta forma, de la empresa como tal.

Y, de inmediato, algunos de ellos, como Ariel Basteiro, secretario general del personal aeronáutico (APA), se ilusionaron con lo que haría el consorcio de Pellegrini. "No contempla despidos y significa volver a la Aerolíneas de los años ochenta", dijo Basteiro. Bastaron algunos días para que quedara demostrado que esa ilusión, como cualquier otra, no se corresponde con la realidad.

Sin llegar a los extremos de Eurnekian, quien contempla desguazar Aerolíneas y fusionarla con LAPA, la otra aerolínea local que ahora controla, las ideas del grupo de Pellegrini supondrían el despido de 2.000 trabajadores y una reducción de salarios, por al menos tres años, del 30%. En cualquiera de los dos casos, se trata de salidas mucho más costosas que las que planteaba la SEPI, ya que se parte de que la empresa está virtualmente en quiebra. Además, ninguna de las dos propuestas está respaldas por grandes capitales aeronáuticos.