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TRIBUNA

<I>El debate sobre el futuro de la UE</I>

Antonio Gutiérrez Vegara

La Cumbre de Niza concluyó con una declaración anexa al tratado en la que se instaba a los Gobiernos de los países miembros a promover un debate amplio y profundo sobre el desarrollo futuro de la UE con todas las partes interesadas, a fin de estimular la participación y el interés de la ciudadanía en un proyecto que sin su concurso no tendría sentido. Con esta iniciativa, los jefes de Estado y de Gobierno asumieron la necesidad de paliar la merma de legitimidad democrática y la falta de transparencia de las instituciones de la UE, como también venían a reconocer que las reformas para acometer la futura ampliación no pueden ventilarse en el constreñido marco del funcionamiento intergubernamental seguido hasta ahora para tomar decisiones.

Aunque en la mayoría de los países de la Unión todavía no se han adoptado fórmulas específicas para poner en marcha aquella indicación, algunos ya han encargado la tarea a comisiones parlamentarias o a organismos institucionales. En Alemania y Francia, la discusión se ha suscitado a raíz de las propuestas que sobre el gobierno futuro de la Unión han avanzado sus respectivos presidentes de Gobierno, más orientadas a la preparación de los congresos de los partidos que encabezan que al debate general en la sociedad de sus países.

En España, se ha constituido una subcomisión parlamentaria dentro de la Comisión Mixta Congreso-Senado para Asuntos Europeos, encargada del seguimiento de los trabajos preparatorios de la conferencia intergubernamental prevista inicialmente para el año 2004. Pero también se ha creado un Consejo para el Debate sobre el Futuro de la UE respondiendo a la iniciativa sugerida en la Cumbre de Niza, de cuya configuración fue encargado don Álvaro Rodríguez Bereijo -ex presidente del Tribunal Constitucional- por el presidente del Gobierno.

La libertad de criterio otorgada al señor Rodríguez Bereijo y su intachable trayectoria profesional e institucional, así como su experiencia durante la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales aprobada en Niza han cristalizado en una clara definición de los objetivos y de la naturaleza del citado Consejo. En su documento constitutivo puede leerse: "La función y propósito de este Consejo es, pues, asociar a este compromiso de participación a todos los grupos representativos de nuestra sociedad civil y, particularmente, a los jóvenes y asociaciones ciudadanas, promoviendo un debate público, abierto, amplio y profundo sobre las grandes cuestiones del futuro de la UE, en particular las fijadas en Niza para la agenda de la CIG 2004". Sobre su carácter se afirma con rotundidad: "El Consejo es autónomo e independiente y actúa a título personal. No representa las posiciones del Gobierno ni tampoco sustituye o suplanta el papel que corresponde a la Subcomisión parlamentaria (...), aunque lógicamente habrá de actuar coordinadamente con ambos".

Lamentablemente, el presidente del Gobierno escogió, con escaso sentido de la oportunidad, el momento de la presentación pública del Consejo para responder a las críticas recibidas por no haber lanzado propuestas similares a las de otros jefes de Gobierno europeos y para descalificar las que ese mismo día dio a conocer el PSOE.

Entre algunos medios de comunicación afines que se refirieron al Consejo como si de un órgano asesor del Gobierno se tratase y la desenfocada reacción de la oposición, que quiso confundir su comprensible respuesta al señor Aznar con la supuesta instrumentalización del Consejo -a pesar de que su presidente había informado previamente a los máximos dirigentes del PSOE y obtenido las impresiones más favorables sobre su cometido y composición- se ha tenido que emplear más tiempo del necesario en clarificar qué es, en lugar de ocuparlo en qué misión debe cumplir y en la mejor manera de llevarla a cabo.

No obstante, el pasado 28 de junio tuvo lugar la primera reunión del Consejo con la Subcomisión parlamentaria y tras las oportunas aclaraciones se pudo pasar a coordinar las distintas iniciativas.

La primera de ellas ha sido la confección de un amplio cuestionario que abarca todos los aspectos de la construcción europea destinado a los más diversos grupos sociales, para que incluso la orientación del debate sobre el futuro de la UE sea ya el fruto de la más amplia participación posible.

Una buena manera de iniciar el camino participativo hacia la Europa de 2004 desde nuestro país, que acredita la independencia del Consejo y la coherencia con su función de facilitar la aportación de ideas o sugerencias a cuantos quieran incorporarse al debate.

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