Monti obliga a España a redefinir los CTC antes de convalidarlos
El comisario de Competencia, Mario Monti, ha ido arrancando una a una todas las peculiaridades del régimen de los CTC (costes de transición a la competencia) de las compañías eléctricas que chocaban con el derecho comunitario. El modelo final al que la Comisión espera dar luz verde recupera el acuerdo sellado en 1996 entre el Ministerio de Industria y el sector eléctrico, y que fue modificado dos años después por Josep Piqué.
Los esfuerzos inútiles sólo producen melancolía", advirtió el ministro de Industria, Josep Piqué, cuando en 1998 se defendía en el Congreso de los Diputados ante las críticas de la oposición a su nuevo modelo de costes de transición a la competencia para el sector eléctrico español.
Tres años después, efectivamente, el negro humor recubre el protocolo pactado por el entonces ministro de Industria para garantizar un billón de pesetas a las eléctricas españolas como compensación por la liberalización del mercado. Todas las innovaciones que incorporó (financiación con cargo al consumidor, titulización de los derechos de las eléctricas) han desaparecido del régimen que aprobará próximamente la Comisión, según el borrador de la decisión.
El Ejecutivo comunitario ha despojado los CTC de todas las características que permitían a Endesa, Iber-drola, Fenosa, Hidrocantábrico, Elcogás e Hidroeléctrica de Cataluña asegurarse el cobro de 1.030.578 millones de pesetas gracias a un recargo del 4,5% en la factura de la luz de todos los consumidores españoles, sin fecha límite para la amortización.
El comisario Monti se ha encargado de anular estos privilegios reconocidos por el Gobierno en la Ley 50 de 30 de diciembre 1998. Los incesantes contactos entre Madrid y Bruselas que se han producido desde entonces no han conseguido superar las reticencias de la Comisión a un régimen de ayudas en el que todavía percibe "posibles elementos de ayuda de Estado".
Bruselas ha obligado, de entrada, a que el derecho a percibir los CTC expire el 31 de diciembre de 2010. Las eléctricas han ganado tres años de margen respecto al acuerdo inicial de 1996 -que fijaba el límite en el 31 de diciembre de 2007-, pero el Gobierno ha debido renunciar al plazo ilimitado que les concedió.
El sistema de cálculo de los CTC volverá a ser anual, en función de la diferencia entre las inversiones realizadas por las eléctricas antes de la apertura del sector -27 de noviembre de 1997- y la recuperación que se derive de los ingresos por tarifa eléctrica. A cambio, el valor de los CTC se eleva de nuevo a los 1,354 billones de pesetas previsto en el régimen original.
Pero del cobro final, deberá descontarse cualquier plusvalía que genere una venta de activos computados en ese cálculo. Una circunstancia que, para algunos analistas, contribuyó al fracaso de la fusión de Endesa e Iberdrola precisamente poco después de que se introdujera esa modificación.
El cobro de los CTC estará sujeto además, a partir de ahora, al escrutinio de la Comisión. Madrid deberá remitir un informe anual justificando su concesión, así como cualquier nueva modificación que trate de introducir.
El Gobierno de José María Aznar había previsto, además, que las eléctricas pudieran titulizar ese cobro a cuenta que tenían garantizado, aunque ante los problemas surgidos en Bruselas nunca dio su autorización. Ya nunca lo hará, porque anuló a principios de año definitivamente esa posibilidad.
Lo hizo por decreto ley el 2 de febrero, en el último intento para salvar el escollo comunitario a los CTC. En esa disposición, procedente del departamento de Rodrigo Rato, el ministro de Economía eliminó de paso la adscripción del recargo del 4,5% al fondo que financia los CTC. El vicepresidente despejaba, por fin, el camino para un régimen de compensaciones que le tocó defender ante Monti sin demasiada convicción personal.
A Rato le correspondía aún conceder, ese primer viernes de febrero, una rebaja de las tarifas eléctricas de la que, en parte, también era culpable el protocolo de Piqué.
Monti le había exigido la devolución a los consumidores de los CTC gravados sobre la energía importada, una fuente que puede alcanzar el 3% en hora punta. Ante la dificultad de identificar a los consumidores perjudicados, el Gobierno se comprometió a devolver las cantidades ingresadas de más "en forma de una bajada uniforme de las tarifas en 2002", según el proyecto de decisión de Monti sobre los CTC. Y las empresas que puedan demostrar sus importaciones de energía con un contrato bilateral podrán recuperar directamente el 4,5% que pagaron de más.
Monti sentencia, además, que la prima de una peseta por kilovatio de energía producido a partir del carbón nacional también excedió los límites permitidos durante 1998 y 1999. El primer año las eléctricas ingresaron 7.169 millones de pesetas de más y en 1999 fueron 2.307 millones. Las cantidades se descontarán en los próximos cuatro ejercicios. El esfuerzo de Monti, después de todo, no parece haber sido tan banal.
La decisión sirve de ejemplo en la UE
La complicada investigación sobre los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC) en el sector eléctrico español permitirá a la Comisión Europea sentar las bases para el escrutinio de regímenes similares en otros países de la Unión.
La próxima decisión sobre el expediente NN 49/99, que contiene el voluminoso informe sobre las ayudas al sector eléctrico no notificadas por el Gobierno de Madrid, coincidirá con la publicación de unas directrices sobre el cálculo y requisitos para conceder en el futuro compensaciones por la liberalización del mercado eléctrico. Entre otras exigencias, las inversiones por las que se quiera conceder una compensación deberán haberse producido, como en el caso español, antes de que se iniciara el proceso de liberalización. Los Gobiernos deberán justificar con un cálculo individualizado el coste de las instalaciones cuya amortización pondrá en dificultad el proceso de liberalización.
Esos activos no podrán haber recibido ninguna ayuda pública para su financiación. Y las autoridades se comprometerán a no destinar ninguna ayuda operativa a las empresas que perciban los CTC. La venta de activos computados deberá descontarse de la compensación final, exigencia que el vicepresidente Rodrigo Rato incorporó por decreto ley al régimen español. El cobro deberá condicionarse además a la evolución del mercado. En el caso español, el precio de referencia es seis pesetas por kilovatio hora. Por encima de esa cantidad, las eléctricas pierden el derecho a los CTC.