El Tribunal de la UE se inclina a favor de permitir la 'acción de oro'

La resolución de las denuncias de la Comisión Europea contra Portugal, Francia y Bélgica por reservarse 'acciones de oro' en las empresas privatizadas puede suponer un serio revés para Bruselas. El ponente del caso pidió ayer al Tribunal de Justicia de la UE que reconozca el derecho de los Estados miembros a utilizar ese instrumento siempre que no sea discriminatorio, en contra de la opinión defendida por la Comisión.

Fuentes del Tribunal pedían ayer prudencia en el análisis de las conclusiones del ponente, cuya opinión no es vinculante para la sentencia final. Pero los analistas de la actividad del Tribunal, reconocen que pocas veces la decisión final de los jueces se aleja de lo propuesto por el relator, una figura del derecho comunitario encargada de analizar las alegaciones de las dos partes y presentar una propuesta de resolución del conflicto.

Si las conclusiones conocidas ayer no desmienten la regla habitual, la sentencia puede convertirse en un serio contratiempo para el combate de la Comisión Europea en contra de toda legislación que restrinja la libertad de movimiento de capital en el mercado único.

El Ejecutivo comunitario, con el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, a la cabeza rechaza desde 1997 la posibilidad de restringir en la Unión la libertad de movimiento de capital salvo en casos excepcionales relacionados con la seguridad nacional, el orden público o la sanidad. La propia Comisión ratificó el mes pasado, con el voto unánime de sus 20 comisarios, este principio de no discriminación en base al cual ya ha denunciado a varios Estados miembros ante el Tribunal de Luxemburgo por reservarse la acción de oro en las antiguas empresas públicas.

Sólo la vicepresidenta del Ejecutivo, Loyola de Palacio, se había desmarcado de sus compañeros al oponerse a que Bruselas denunciase la acción de oro que el Gobierno de Madrid mantiene en Telefónica, Endesa, Argentaria y Repsol. La Comisión, a propuesta de Bolkestein, denunció finalmente a España en junio del año pasado.

Un mes antes, el Tribunal resolvía una de las primeras denuncias presentadas, contra Italia en concreto, ratificando el punto de vista de la Comisión. Pero la última instancia judicial ya advertía entonces que en esa sentencia no se pronunciaba el principio de la acción de oro o derecho de veto del Estado sobre las decisiones de antiguas empresas públicas, sino tan sólo su aplicación en un caso determinado.

Las denuncias contra España, Reino Unido, Francia, Portugal y Bélgica estaban llamadas, por tanto, a sentar jurisprudencia sobre la acción de oro. Para sorpresa del comisario Bolkestein, el ponente en las denuncias contra esos tres últimos países ha pedido al Tribunal que les reconozca "el derecho a conservar la posibilidad de intervenir en el régimen de propiedad de las empresas, notablemente en los sectores considerados estratégicos", según afirma el comunicado de prensa de la institución judicial.

El ponente, Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, sólo considera "incompatible con el Tratado" una ley portuguesa de 1990 que, en el marco de la privatización de ciertas empresas, estableció obstáculos a la inversión de capital no portugués.

Normas analizadas

Pero en el resto de las normas analizadas, un decreto ley portugués y un decreto francés de 1993, así como un decreto real belga de 1994, el relator se acoge "a la neutralidad del Tratado en materia del control de las empresas"para defender la imposición de restricciones a la inversión siempre que no sean discriminatorias.

Fuentes del Tribunal explican que la propuesta del letrado defiende la validez legal del principio general de la acción de oro, aunque "admite que su aplicación concreta puede violar el Tratado". Desde la sede del Tribunal se recuerda que la opinión del ponente no sienta de momento un precedente judicial y destacan la importancia de la sentencia, en sentido contrario, de la sentencia en el caso italiano.

Un portavoz de la Comisión dijo que "será la sentencia la que determine si se puede continuar o no con las restricciones a las inversiones transfronterizas en el marco de las normas del tratado", pero admitía que estudiarán "las conclusiones muy cuidadosamente".