Solbes pide a Italia, Francia y Alemania más control del gasto
La ralentización que amenaza a la zona euro impone más que nunca, advirtió ayer Bruselas, un rigor fiscal sin margen para veleidades presupuestarias. A países como Alemania, Francia e Italia que, según la Comisión, han desaprovechado el periodo de bonanza para sanear sus finanzas públicas, el deterioro económico les exigirá incluso un recorte en el gasto público para cumplir sus compromisos presupuestarios con la UE.
Algunos ministros de Hacienda de la zona euro se precipitaron al repartir el llamado "dividendo del crecimiento", sentenció ayer la Comisión Europea en una comunicación de Pedro Solbes respaldada por todo el colegio de comisarios. Bruselas lamenta que Alemania, Francia e Italia hayan dilapidado con rebajas fiscales e incrementos de gasto público unos hipotéticos ingresos que, a la vista de la ralentización económica actual, no parece probable que lleguen a producirse finalmente. Y les advierte que el actual enfriamiento económico no puede servir de excusa para abandonar la senda del equilibrio presupuestario.
Alemania, Francia, Italia y Portugal corren ya el riesgo de no cumplir sus objetivos para este ejercicio de reducción de deuda y del déficit público, según alerta el segundo informe sobre las finanzas públicas de la zona euro, presentado ayer por la Comisión. El comisario de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, intenta zanjar con su comunicación el creciente clamor entre los ministros de Economía en favor de un respiro en el proceso de consolidación fiscal si la economía se adentra en un periodo de enfriamiento.
Solbes advertía ayer que en 2001 se producirá "el primer revés" en el proceso de consolidación fiscal iniciado en 1993. En los cuatro países mencionados cualquier intento de esquivar la crisis estimulando con fondos públicos la inversión y el crecimiento "puede abocar a déficit que se aproximen al techo del 3% del PIB". Ese es el límite fijado en el Pacto de Estabilidad suscrito por los Quince en 1997, y cuya violación unilateral, salvo en circunstancias excepcionales (una caída del PIB nacional superior al 2%) puede acarrear al estado transgresor sanciones de hasta el 0,5% de su PIB.
Entre 1970 y 1996, los países de la UE en su conjunto superaron el límite del 3% en 207 ocasiones en total. Desde el pacto ha primado la responsabilidad fiscal, pero es "el actual enfriamiento", según reconocía ayer Solbes, "la primera prueba para verificar la validez del sistema de vigilancia presupuestaria en la zona euro". El comisario indicó ayer que, de momento, París y Berlín han reiterado un "claro compromiso" para respetar sus obligaciones presupuestarias. El canciller alemán Gerhard Schröder ha descartado ya recurrir a las finanzas públicas para superar la débil coyuntura. Pero la exigencia de recorte del gasto público sorprende a los Gobiernos alemán y francés en la antesala de un año electoral.
En cuanto al Gobierno de Silvio Berlusconi, su llegada al poder en Italia se produjo con un programa electoral plagado de promesas de rebajas fiscales. Solbes recordó ayer al ministro de Economía italiano que "el programa de estabilidad no es el compromiso de un Gobierno en concreto, sino que obliga a un Estado". La Comisión Europea estudiará al detalle cualquier modificación que Roma intente introducir en los compromisos firmados en el programa para 2001 y 2002.
Precisamente ayer, el Tribunal de Cuentas italiano recomendó al Ejecutivo recortar el gasto social, tanto en pensiones como en sanidad.
El déficit alemán creció un 11,2% hasta marzo
El déficit público en Alemania sumó en el primer trimestre del año 74.100 millones de marcos (37.902 millones de euros), lo que supone un incremento de 7.500 millones de marcos (un 11,2% más) respecto al mismo periodo de 2000.
Según los datos publicados por la Oficina Federal de Estadísticas, los gastos del Estado y las Administraciones públicas aumentaron en el citado periodo el 2,5% hasta alcanzar 486.400 millones de marcos. Los ingresos se incrementaron, por su parte, un 1%, hasta sumar 412.300 millones de marcos.
No obstante, la deuda pública se redujo a 2,273 billones de marcos, un 1,3% menos respecto al primer trimestre de 2000. Ello fue posible gracias a los ingresos extraordinarios por la venta de las licencias UMTS para la telefonía móvil de tercera generación, que aportaron al Estado 99.400 millones de marcos.
La ejecución presupuestaria tampoco es nada halagüeña en Portugal, hecho que está incidiendo en la vida política del país. El primer ministro, el socialista Antonio Guterres, aborda hoy un difícil debate del estado de la nación. Algunos miembros de su partido han solicitado, incluso, que presente una moción de confianza, y los empresarios englobados en la Asociación Industrial Portuguesa le han pedido que disuelva el Gobierno.