España tiene 79 asuntos pendientes ante la justicia de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia de la UE recibieron, durante el año 2000, 901 asuntos y resolvieron 870. La litigiosidad aumenta ligeramente en las dos instancias judiciales europeas, aunque comienzan a tomarse medidas para evitar que la tendencia aumente. España espera la resolución de 79 litigios. Entre éstos se encuentran los contenciosos que se refieren a la fiscalidad del País Vasco, el caso de la llamada acción de oro o los costes de transición a la competencia (CTC) en el sector eléctrico.

La memoria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el año 2000, que fue presentada ayer, desvela un aumento de la actividad judicial, algo que, según señala el informe, se prevé que siga aumentando en los próximos años. Por ello, se van a poner en marcha un procedimiento acelerado y otro simplificado para la resolución de asuntos, entre otras medidas.

La memoria señala que "si se mantiene la tendencia de crecimiento del contencioso, corresponderá a la autoridad presupuestaria ajustar los medios asignados a esta institución, a fin de mantener la continuidad de la actividad jurisdiccional". Ahora el presupuesto que la Comisión Europea (CE) asigna al Tribunal de la UE es del 0,16%. Se ha producido un descenso de los asuntos pendientes, que pasan de 896 a 873, lo que representa una reducción del 2,57%.

España tiene 79 asuntos pendientes en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y en el de Primera Instancia. Durante 2000 se interpusieron nueve recursos contra España por incumplimiento de normas comunitarias, lo que nos sitúa en octava posición. Entre los casos que España tiene pendientes destacan por su trascendencia los denominados costes de transición a la competencia en la liberalización del sector eléctrico o CTC. La CE denegó la autorización del régimen transitorio de los CTC como régimen excepcional. España ha solicitado al Tribunal de Justicia la anulación de la decisión de la CE.

Resoluciones, en breve

También está pendientes las llamadas Golden Shares o acción de oro, que el Gobierno español somete a un régimen de autorización administrativa previa para las empresas en las que participa el Estado con más del 25%.

Con esta medida la CE no está de acuerdo, ya que la considera contraria a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento. Sólo estarían justificadas, según la CE, si es en interés general. Por ello, la Comisión pide que se declare la incompatibilidad de dichas normas con el derecho comunitario.

En cuanto a la fiscalidad del País Vasco, hay 16 contenciosos pendientes, aunque antes de que acabe el año habrá algún pronunciamiento por parte del Tribunal de la UE. Ayer precisamente se celebró la vista oral de las ayudas concedidas a Daewoo y Ramondín en el País Vasco.

Probablemente después del verano también se dicte sentencia sobre la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo sobre si la normativa comunitaria permite que las autoridades españolas puedan imponer, con carácter previo, a un operador muy significativo en el mercado, en este caso, a Telefónica, la obligación de facilitar a los demás operadores el acceso al bucle de abonado y ofrecer la interconexión en las centrales de conmutación locales y de nivel superior, o, por el contrario, las autoridades gubernamentales sólo pueden "fomentar" acuerdos negociados entre los operadores.