La reforma de los convenios arrancó ayer tutelada por el Gobierno
La negociación entre los sindicatos y la patronal para reformar la estructura de los convenios colectivos arrancó ayer de forma oficial bajo la tutela del Gobierno, que pilotará esta mesa de diálogo. El Ejecutivo presionará para que la negociación termine a finales de otoño como muy tarde.
El Gobierno tiene claro la reforma de la negociación colectiva que quiere y, por ello, va a ejercer como un negociador más en la mesa del diálogo entre empresarios y sindicatos para este asunto.
Los negociadores de UGT, CC OO, CEOE y del Ministerio de Trabajo mantuvieron ayer un primer encuentro para inaugurar oficialmente la reforma de la negociación colectiva.
Sin embargo, y pese a que no disponen de mucho tiempo, ayer no entraron en materia y se limitaron a establecer un calendario de reuniones según el cual mantendrán al menos un encuentro semanal. El primero será el próximo lunes y en el acordarán la lista de materias a tratar.
Este temario girará, principalmente, en torno a lo propuesto por el Gobierno hasta ahora. Su intención es, en primer lugar, acordar una nueva articulación de los convenios colectivos, de tal forma que se refuercen los convenios sectoriales de ámbito estatal -en detrimento de los provinciales y autonómicos- y los convenios de empresa. Esto se traducirá en establecer una serie de materias generales que sólo serán negociables en los convenios sectoriales y otras, de carácter coyuntural, entre las que estaría, por ejemplo, el salario, que sólo se abordarán en el ámbito de la empresa.
En segundo lugar, el Gobierno pretende "facilitar el deber de negociar (un convenio) de todas las partes", según dijo el secretario general de Empleo, Juan Chozas. El fin de esta última propuesta, es que no haga falta activar la prórroga automática de los convenios (ultraactividad) cuando una de las dos partes se niega a negociar.
En principio, empresarios y sindicatos coinciden en este temario, si bien precisaron ayer que el lunes podrían añadir nuevos elementos de debate.
Aunque el secretario general de CEOE, Juan Jiménez Aguilar, aseguró que los responsables de Trabajo fueron "exquisitos en su intervención" al no establecer límites temporales a la negociación, el Gobierno mantiene su intención de que la reforma concluya antes de fin de año, para incluirla en la Ley de Acompañamiento de 2002.
El más pesimista y crítico con este asunto de los plazos de negociación fue el secretario de Acción Sindical de CC OO, Fernando Puig, quien señaló que esta negociación "se inicia demasiado tarde y esto no es una buena señal", aunque añadió que tratarán de "recuperar el tiempo perdido".
CC OO y UGT acudieron con una postura conjunta a la mesa de diálogo, pero no renunciaron a repartir a la prensa cada una de sus propuestas por separado. Además, UGT consideró que era necesario que su secretario general, Cándido Méndez, acudiera a la reunión de ayer, algo que no pactó con CC OO, cuyo líder, José María Fidalgo, no asistió al encuentro al entender que se trataba de una reunión más de carácter técnico que institucional. El presidente de la patronal, CEOE, José María Cuevas, tampoco asistió.
Las intenciones del Ejecutivo no convencen a CiU
La reforma de la negociación colectiva que propone el Gobierno del PP no convence al Ejecutivo catalán, informa Pilar Abril. Según el consejero de Trabajo autonómico, Lluís Franco, en los términos en los que se ha planteado esta reforma, se perjudica el marco de relaciones laborales autonómico. En su opinión, "el Gobierno no puede mezclar la racionalidad con la centralización" y adoptar una medida que atenta contra la lógica del sistema económico. Franco considera, asimismo, que el Ejecutivo debería dejar negociar a las partes, sin fijar calendarios y sin imposiciones si éstas no alcanzan un acuerdo.
El titular de Trabajo discrepa también de la pretensión del Gobierno de eliminar las prórrogas automáticas de los convenios. Según él, no tiene lógica que aspectos esenciales de la relación laboral queden sin regular cuando finalice la vigencia del convenio. "Poner el contador a cero no es bueno ni para los empresarios ni para los sindicatos", afirmó el consejero, que aún confía en que el PP modifique su postura.