Las eléctricas dudan de que las nuevas plantas regasificadoras sean rentables
Las nuevas plantas de regasificación y la ampliación de las actuales serán las vías de entrada de gas natural que garantizarán el suministro futuro en España, según un informe elaborado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre la normativa que regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas. Ese decreto contiene un sistema de remuneración para las citadas plantas que hace dudar a sus promotores de su rentabilidad y de su capacidad para competir con las ya existentes.
Compañías que participan en los planes de construcción de plantas de regasificación en España consideran que el nuevo proyecto que regula su retribución discrimina las nuevas instalaciones respecto a las que ya existen. Y aunque están pendientes del desarrollo de la citada normativa de acceso de terceros a la instalaciones gasistas, estiman que las bases contenidas en ella no promueven la construcción de nuevas plantas.
Se basan en la no existencia de un sistema de liquidación global y en la fijación de un coste unitario igual para todas las plantas. De esta forma, las nuevas centrales podrían tener problemas para compatibilizar la remuneración del capital y la competencia con las que ya están total o prácticamente amortizadas.
En esta línea, se añade que, como los peajes que fije la Administración será una cantidad máxima, las plantas ya existentes tendrán capacidad para reducirlos frente a las nuevas instalaciones que no podrán asumir rebajas.
Informe de la CNE
En el informe elaborado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se apunta que, con las actuales previsiones de demanda de gas natural realizadas por el gestor técnico del sistema para el periodo 2000-2010, se pone de manifiesto la urgente necesidad de nuevos puntos de entrada del gas al sistema.
Y éstos prioritariamente han de estar basados en nuevas plantas de regasificación y en la ampliación de las actuales. Se añade que, por tanto, "es necesario incentivar de manera clara y rápida la construcción de nuevas capacidades de regasificación y almacenamiento de gas natural licuado (GNL)". Dado que las citadas plantas se harán por iniciativa empresarial, se subraya que ha de ser "el sistema retributivo de la actividad, con su acertado diseño, el que incentive eficazmente los nuevos desarrollos de regasificación".
El informe de la CNE intenta analizar si el modelo de remuneración elegido por el Ministerio de Economía se adapta realmente a la ley de Hidrocarburos, en la que se indica que la regasificación y almacenamiento de GNL son actividades reguladas. También sopesa las ventajas e inconvenientes de los dos posibles sistemas de remuneración: el cobro individualizado y directo de peajes, y el cobro mediante un sistema de liquidaciones
En la actualidad están avanzados los procesos de construcción de dos centrales en la Península: la que promueve Bahía de Bizkaia (Repsol, Iberdrola, Ente Vasco de la Energía y BP-Amoco) y la dirigida por un consorcio, en el que están presentes, entre otros socios, Endesa, Fenosa y la argelina Sonatrach. Cada proyecto precisa de una inversión superior a los 30.000 millones de pesetas. Bahía de Bizkaia Gas tendrá una capacidad anual de regasificación de 2.700 millones de metros cúbicos (2,7 bcm) y se prevé que opere en el año 2003. También se estudia la construcción de una planta de regasificación en la Comunidad Valenciana (en Castellón o en Sagunto) para la que las previsiones previas fijan una mayor capacidad de procesamiento que la de las anteriores.
Aunque en las últimas semanas se ha avanzado en el diseño de las necesidades gasistas y eléctricas de los próximos años y su relación entre ambas, la principal polémica respecto a posibles problemas de suministro de gas natural se originó por la demanda futura del sector eléctrico.
Enagas, participada ahora al 100% por Gas Natural y en proceso de apertura de su capital, ha asegurado con las actuales infraestructuras y las que están en curso el suministro para centrales de ciclo combinado con una potencia instalada conjunta de 8.000 megavatios para el año 2005. Esa cifra supone menos de un tercio de la potencia solicitada por diversas empresas, aunque medios energéticos dudan de que todos los proyectos vayan a superar la fase de solicitud de autorización administrativa.