Montoro advierte que no habrá compensaciones para las comunidades
El debate sobre financiación autonómica volvió ayer al atolladero de donde lo había intentado sacar en las últimas semanas el titular de Administraciones Públicas, Jesús Posada.
Frente a la actitud conciliadora de este ministro, que anunció recientemente la intención del Gobierno de liquidar a las comunidades socialistas con un cheque "cuyo montante habrá que negociar", Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, insistió en el discurso legalista de hace unos meses: "Sólo podremos liquidar la participación en los ingresos del Estado (PIE) si estos territorios aceptan el modelo financiero vigente; así lo estipula la ley". La supuesta deuda de 260.625 millones de pesetas que Andalucía reclama en concepto de población no reconocida (400.000 andaluces) ni siquiera se trató en la reunión que ayer mantuvieron Gobierno y PSOE.
Tanto el portavoz socialista como el ministro de Hacienda enumeraron algunas de las cuestiones consensuadas durante la reunión (la cesión de impuestos indirectos, la financiación condicionada de la sanidad, la creación de un fondo para amortiguar los posibles perjuicios ocasionados por los cambios fiscales, etc.), pero curiosamente ninguno quiso facilitar a la opinión pública cuál será el dinero de que dispondrán las comunidades autónomas el primer año de vigencia del modelo, o lo que es lo mismo, con cuántos recursos de partida contarán para financiar sus políticas de gasto.
Montoro llegó a afirmar incluso que "ese dinero no lo tenemos calculado", mientras Sevilla minutos antes había advertido que "ésa era una de las cuestiones que más nos alejan de un acuerdo" y que sólo haría pública su petición de ingresos "cuando el Gobierno cifre públicamente la restricción financiera".
Las otras dos discrepancias se circunscriben a la liquidación del 2% de la PIE (que Hacienda todavía debe a Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, y desde 1999 al resto de comunidades autónomas) y a la cesión del IRPF. En este caso los socialistas piden que se modifique fijando un tipo único autonómico aplicable sobre la base del impuesto.
El PSOE aseguró ayer que este cambio permitiría limar las diferencias que en el futuro pudieran producirse entre recaudaciones autonómicas. Montoro argumentó que el Gobierno no está dispuesto a limitar la progresividad del impuesto al tramo estatal. Por último, el portavoz socialista insistió en la necesidad de utilizar el dato de población más actual, que será el avance 2001 que prepara el INE.