100.000 valencianos piden que una ley impida urbanizar la huerta
La petición de más suelo urbanizable por parte de los promotores valencianos ha chocado con una iniciativa legislativa secundada por 100.000 ciudadanos para que se proteja la huerta, un espacio de gran valor natural que obstaculiza el crecimiento urbanístico de Valencia y de 45 pueblos de su comarca. La propuesta de ley establece una moratoria para nuevas urbanizaciones, mientras se aprueba un plan de protección.
Cerca de 100.000 ciudadanos valencianos han firmado ya la primera iniciativa legislativa popular que entrará en las Cortes Valencianas desde su creación, destinada a frenar la destrucción de la huerta de Valencia como consecuencia del desarrollo urbanístico e industrial.
La iniciativa choca con las reivindicaciones de los promotores inmobiliarios locales, que en los últimos años vienen reclamando una ampliación del suelo urbanizable de la capital, ante la evidencia de que el Plan General de 1989 está prácticamente agotado. Según los constructores, la demanda de viviendas y la falta de suelo están elevando los precios, por lo que es necesario ampliar la zona urbanizable.
La propuesta legislativa, que consta de 13 artículos, incluye una moratoria para las actuaciones en suelo no urbanizable de 46 municipios de la comarca de L'Horta, incluida Valencia, hasta que se declare esta comarca como espacio natural protegido y se establezca un instrumento de planeamiento.
Esta moratoria tendría una duración máxima de dos años e incluiría en la prohibición la Zona de Actividades Logísticas, un polígono industrial anexo al Puerto de Valencia que destruirá 70 hectáreas de huerta al sur de la ciudad, junto al parque natural de El Saler.
La aprobación de este polígono -está en fase de expropiaciones-, en el que participan el puerto, el ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Fomento, fue la causa que motivó la iniciativa del movimiento ciudadano Salvem L'Horta (salvemos L'Horta), que cuenta con el respaldo de numerosas asociaciones y de la mayoría de los partidos políticos, a excepción del Partido Popular. La propuesta legislativa incluye un consejo asesor para la protección de la huerta, con funciones de control, integrado por la Generalitat, ayuntamientos, agricultores, sindicatos, asociaciones ecologistas y expertos.
Los promotores buscan suelo fuera de la ciudad
La tensión entre defensores de la huerta y promotores se ha trasladado desde Valencia, donde el ayuntamiento parece dispuesto a no ceder más metros al urbanismo, tras la destrucción de 70 hectáreas para la zona logística del puerto, a los municipios vecinos.
Alcaldes de todos los colores dicen proteger la huerta, pero autorizan determinadas actuaciones "imprescindibles" para el desarrollo de la localidad. El resultado ha sido que desde 1960 ha desaparecido el 50% de la superficie de huerta que había entonces. Un suelo agrícola de alta calidad que, dada la combinación de tierra, red de aguas, arquitectura rural y vegetación, hacen de este paisaje un área singular que sólo tiene parangón con otros cinco lugares en Europa, según el informe El medio ambiente en Europa, elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente en 1998.
La iniciativa legislativa tiene pocas posibilidades de prosperar, al menos en lo que a la moratoria se refiere, ya que se debatirá como una ley más en las Cortes valencianas, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta.
No obstante, este partido promulgó en abril, en Murcia, una ley urbanística en la que sí se recogen disposiciones para proteger, especialmente, la huerta histórica de aquella región. La ley murciana establece que la huerta histórica "debe preservarse del proceso urbanizador" y califica como falta muy grave la actuación en estos terrenos, lo que conlleva una multa mínima equivalente al 50% del valor de lo realizado.