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El CES da el visto bueno al tributo a la banca con el rechazo empresarial

El Consejo Económico y Social (CES) emitió el lunes un dictamen favorable sobre el futuro impuesto sobre los depósitos de bancos, cajas y cooperativas de crédito de Extremadura. Pero obtuvo el voto radicalmente en contra de los empresarios de la región, el 40% del consejo. Critican que es confusa y que contraviene la Constitución y varias normas fiscales. Creen que la Junta cambiará el texto de la ley ante las graves consecuencias para empresas, ciudadanos y los bancos extremeños, a los que restará beneficios.

El anteproyecto de ley está a punto de ser enviado a la Asamblea extremeña para iniciar su trámite parlamentario. Hace dos días, el Consejo Económico y Social (CES), en el que están representados empresarios, sindicatos y otras organizaciones, emitió un dictamen favorable al impuesto a la banca. Sus informes no son vinculantes, aunque siempre son tenidos en cuenta por los Gobiernos regionales.

No hubo consenso a la hora de votar. De un total de 20 miembros, ocho (todos los representantes de los empresarios) se opusieron frontalmente a este canon.

Pese a aprobar la creación del tributo, el CES critica que la redacción del articulado no es nada clara y puede dar lugar a una inseguridad jurídica, según fuentes próximas a este consejo. La definición de lo que se grava es confusa.

Esta crítica también la recogen los empresarios en la extensa argumentación de su voto negativo. El texto no aclara si lo que tributará es el volumen de depósitos a una determinada fecha o sólo los captados durante un año.

Los empresarios rechazan el impuesto por sus graves consecuencias para empresas y ciudadanos extremeños, porque creen que la banca repercutirá el coste de este tributo en sus créditos y depósitos. El CES pide garantías para que esto no ocurra, según fuentes del consejo.

También dañará a los bancos, especialmente los que tienen su sede en esta comunidad. Aun aplicando un tipo medio del 0,4%, a las entidades "les supone un gravamen del 50% aproximadamente de los beneficios que se obtienen a través de los depósitos", según consta en la argumentación de los empresarios.

El tributo se llevaría casi todo el beneficio del Banco de Extremadura (204 millones) y el 24% del de Banca Pueyo, únicos bancos extremeños.

El secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura y miembro del CES, Juan Manuel Arribas, mostró ayer su confianza en que la Junta "tendrá que analizar las repercusiones económicas del impuesto y por eso acabará cambiando el texto".

Ausencia de las cajas

Los empresarios afirman que la futura ley "discrimina" a los bancos frente a las cajas, ya que éstas podrán deducirse su inversión en obra social e incluso no pagar el canon. Curiosamente, el representante de las cajas en el CES estuvo ausente en la votación, según fuentes de este órgano.

La ley presenta indicios de inconstitucionalidad, porque puede duplicar el impuesto de sociedades y el IAE, según los empresarios. Además iría en contra de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (Lofca), sobre todo por su obstáculo a la libre circulación de capitales, como ya ha destacado la Comisión Europea.

Alertan del riesgo de arbitrariedad de la Junta, que preside Juan Carlos Rodríguez Ibarra, porque decidirá qué entidades estarán exentas de pagar. Con este criticado tributo, Ibarra quiere que el ahorro captado revierta en la región. El impuesto gravará los depósitos con un tipo entre el 0,3% y el 0,6% y recaudará 5.000 millones de pesetas al año (30 millones de euros).

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