Multa de 200 millones a Cepsa por imponer el precio a las gasolineras
El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dictó ayer una resolución por la que condena a Cepsa al pago de 200 millones de pesetas por aplicar a sus gasolineras abanderadas un sistema de fijación de precios contrario a la ley. Por ello, el tribunal insta a la citada sociedad a que cese en dicha práctica, considerada restrictiva a la libre competencia.
En abril de 1999 la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio y Unidades de Suministro de Andalucía denunció ante el Servicio de Defensa de la Competencia a la Compañía Española de Petróleos, SA y Cepsa Estaciones de Servicio por presuntas prácticas restrictivas de la competencia contrarias al artículo 1.1 de la Ley 16/1989 de 17 de julio. La denuncia estaba basada en la realización de prácticas anticompetitivas en el ámbito de la distribución exclusiva de productos petrolíferos.
La asociación denunciante alertó que Cepsa estaba produciendo una simulación contractual al alterar el nombre de uno de los contratantes en los acuerdos de distribución de carburantes que suscribía con los titulares de las estaciones de servicio. En definitiva, desarrollaba determinadas prácticas encaminadas a escapar de la duración máxima de 10 años que contempla el reglamento CEE 1984/83 para los contratos de abanderamiento.
El reconocimiento por parte del tribunal de que el sistema de fijación de precios utilizado por Cepsa es contrario a la ley supone el triunfo de las tesis de los denunciantes, por lo que a partir de esta resolución lo lógico sería asistir a una verdadera liberalización de los precios de los combustibles.
"Si en la actualidad la red de gasolineras de Cepsa se compone de 1.760 estaciones de servicio, lo natural sería asistir a la publicación de más de 1.000 precios diferentes, establecidos según el criterio del propietario de cada punto de venta", explican fuentes del sector.
La resolución dada a conocer ayer pone fin por tanto a un sistema demasiado rígido, según los empresarios independientes, por el que tradicionalmente las petroleras españolas imponían el precio de los combustibles a los gasolineros y éstos cobraban a cambio una comisión.
Frente a la teoría de Cepsa de que los gasolineros debían ser considerados meros comisionistas, los vocales del tribunal han aceptado los argumentos de los denunciantes, quienes aseguran que en la práctica actuaban como revendedores, ya que en los casos de fraude la responsabilidad última era de los propietarios de las estaciones de servicio. Fuentes de Cepsa aseguraron ayer a este diario su intención de recurrir la resolución ante la Audiencia Nacional, pero anunciaron que de confirmarse la sentencia, variarán las condiciones del 20% de sus contratos actuales, porcentaje al que afecta la resolución.
En cuanto a la cuantía de la multa, el TDC advierte que se ha atendido sólo al número de contratos analizados, por lo que estima adecuada la cantidad de 200 millones de pesetas, "sin duda inferior a la que este Tribunal podría aplicar atendiendo al monto económico global del negocio de la expedientada, pero proporcional a las circunstancias expresadas en el presente caso". El TDC deberá resolver ahora otro expediente idéntico referido a Repsol.
Importantes resoluciones pendientes
La resolución hecha pública ayer no hace sino iniciar una larga serie de resoluciones pendientes que afectan al sector de distribución y comercialización de hidrocarburos.
Inmediatamente después a esta resolución referida a Cepsa, el TDC deberá pronunciarse en los próximos días sobre el expediente abierto a Repsol también por presuntas prácticas restrictivas a la libre competencia por la imposición de determinadas condiciones en sus contratos de abanderamiento.
A finales del pasado mes de mayo, el pleno del tribunal decidió aplazar la emisión de la resolución y requirió a la petrolera más información sobre el caso.
Pero, sin duda, la resolución más esperada es la que hace referencia a las denuncias interpuestas por varias asociaciones sobre una posible concertación de precios por parte de las tres principales petroleras que operan en el mercado español: Repsol , Cepsa y BP, investigación abierta también por la Fiscalía Anticorrupción.