El expediente de los CTC entra en la recta final
El culebrón de los CTC toca a su fin. El expediente sobre el infausto billón de pesetas que el Gobierno intentó garantizar a las eléctricas como compensación por la liberalización del sector incorpora sus últimas páginas. Tras dos años de ardua batalla contra la modificación a de la Ley 54/1997, que introdujo los CTC, el comisario de Competencia, Mario Monti, respira aliviado.
El pasado 2 de febrero, el Gobierno de José María Aznar renunciaba, por la expeditiva vía de un real decreto, a una de las medidas que más quebraderos de cabeza le han provocado ante las instancias comunitarias. Los costes de transición a la competencia se han supeditado de nuevo a la evolución del mercado y las compañías eléctricas pierden definitivamente el sueño acariciado de la titulización del billón de pesetas.
Monti admitía por escrito ante el Parlamento Europeo, hace dos semanas que "se está estudiando actualmente el impacto de las modificaciones aportadas por el real decreto". Y aunque el comisario, a instancias del eurodiputado socialista Luis Berenguer, reconoce que "la Comisión no ha decidido aún si procede la apertura de un procedimiento", lo cierto es que los CTC han perdido los rasgos de ayuda de estado que más inquietaban a Bruselas.
El primer Gobierno Aznar imprimió esos rasgos (garantía de cobro, titulización, financiación a través de una tasa parafiscal del 4,5% sobre el recibo de la luz) a unas compensaciones admitidas, en principio, por el artículo 24 de la directiva europea sobre liberalización del sector.
El entonces ministro de Industria, Josep Piqué, intentó convencer a Bruselas de que el nuevo diseño no alteraba el proceso.
"No hay diferencias de fondo", aseguraba Piqué en 1999, a pesar de que el entonces comisario de Competencia, el socialista belga Karel Van Miert, ya alertaba sobre la posible ilegalidad de las ayudas.
El Ejecutivo comunitario, presidido por Jacques Santer, no sobreviviría a aquella primavera y Piqué retomaría su campaña con renovadas esperanzas ante el nuevo titular de Competencia.
Cabía esperar más comprensión de Mario Monti. El primer Gobierno Berlusconi le había catapultado a Bruselas, donde ocupó la cartera de Mercado Interior, y aunque se declaraba independiente, nadie dudaba de la vinculación del profesor con la derecha europea.
Piqué inició el rosario de visitas hasta su despacho. Cargado de documentos, un día. Después, de cálculos que intentaban demostrar la legalidad de los CTC. Por último, proyectando vistosas transparencias para seducir al comisario. Todo, en vano. "Exposiciones muy detalladas", le reconocen sólo quienes soportaron las tediosas explicaciones.
De nada sirvió tampoco la cena que José María Aznar y altos cargos del Partido Popular ofrecieron a Monti en Bruselas a finales de 1999. El comisario se engalanó de nuevo con el pulso firme que, en su anterior cargo, le había permitido resistir las presiones de varios jefes de Gobierno para que mantuviese el sistema de venta "libre de impuestos" en los vuelos intracomunitarios.
El duty free desapareció y sus gestores ofrecen desde hace meses ofertas al "mejor precio" a los pasajeros europeos. Los CTC, en la versión Aznar, también han volado por los aires. Pero la victoria de Monti no ha redundado en tantos beneficios para el consumidor español.
El ministro Rodrigo Rato sigue gravando el consumo de luz con la tasa del 4,5% sin especificar su destino. Y el oligopolio eléctrico español ya ha recibido casi medio billón de pesetas como compensación por la transición a una competencia que no acaba de llegar, según repite el propio Monti.
Aznar mueve sus peones en contra de Bruselas
El Gobierno de José María Aznar no ha dudado en utilizar todas sus bazas para intentar obtener luz verde en Bruselas al billón de pesetas largo que concedió a las eléctricas como compensación por la transición a la competencia. De entrada, notificó las ayudas el 18 de febrero de 1998 a la Dirección General de Energía, a cuyo frente se encontraba entonces el español Pablo Benavides. Pero la Comisión Europea desestimó la petición el 8 de julio de 1999 y remitió el expediente a la Dirección General de Competencia para que decidiese si constituía o no ayuda de Estado.
Desde ese momento, el Ejecutivo de Madrid sabía que había entrado en una batalla cruenta. El Gobierno Aznar demandó el 8 de enero a la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo por negarse a aceptar los CTC. El expediente está todavía en tramitación y se ha cerrado la fase escrita.
Durante todo el año pasado, Madrid empezó, además, a maniobrar a través de la comisaria de Energía, Loyola de Palacio, para intentar arrebatar el expediente al titular de Competencia, Mario Monti. José María Aznar no ha dudado en quemar una buena parte del capital político de la comisaria, cuya independencia ha quedado en entredicho ante sus colegas.
De momento, la comisaria Loyola de Palacio no ha conseguido arrancar la parte correspondiente a la energía nuclear (el 50% de las ayudas), cuya valoración puede corresponder al departamento que dirige. Pero la pugna continúa.