La Comisión Europea respalda a España en la pugna con EdF

La incertidumbre en Hidrocantábrico se alarga cuatro meses más. En este plazo la Comisión Europea investigará hasta el último detalle de la entrada en la eléctrica española de la alemana EnBW, controlada en un 34% por la empresa Electricité de France (EdF). Bruselas condicionará el visto bueno a la inversión al compromiso firme de EdF de mejorar la interconexión entre las redes española y gala. El ministro de Economía ha visto declinada, de momento, su petición para sentenciar la operación.

Pero la Comisión satisfará, al menos, una de las viejas demandas del Gobierno de José María Aznar. Bruselas exigirá a EdF una mejora en las interconexiones eléctricas a través de los Pirineos, única vía, además de Portugal, para que las empresas españolas puedan exportar energía al resto del continente. La Comisión vigilará, además, que el monopolio francés, propietario de la red gala y de los interconectores, no discrimina a las empresas que deseen exportar electricidad a España.

"Esta decisión demuestra", se defendía ayer el comisario de Competencia, Mario Monti, "que cuando existen motivos para intervenir y aplicar las normas de competencia en el sector energético la Comisión está dispuesta a actuar con prontitud". Italia y España han adoptado medidas contra la expansión de EdF en sus mercados (limitación de voto) aduciendo la falta de vigilancia en Europa sobre las empresas públicas.

Rodrigo Rato solicitó el 15 de mayo que se le remitiese el expediente de EnBW, ante el temor de que Bruselas dejase el camino expedito a EdF para entrar en el mercado español. Bruselas había autorizado ya, sin exigir concesiones, la inversión de Electricidade de Portugal en Hidrocantábrico. EdF, EnBW y EDP cuentan con capital público en su accionariado (el 100% en el caso de la francesa), y el Gobierno se resiste a tolerar que este tipo de empresas participe en sectores estratégicos de la economía española.

El comisario decidió ayer quedarse con el expediente, pero adelantó que "la operación propuesta [por EnBW] plantea serias dudas, ya que podría consolidar el dominio oligopolístico que existe en el mercado español de la electricidad". La entrada de EdF, advierte Bruselas, sólo agrava la falta de competencia, no la crea.

EnBW, eléctrica participada por capital público alemán y EdF, lanzó en marzo pasado junto al grupo Villar Mir, una oferta pública de adquisición sobre Cantábrico, la cuarta empresa española del sector. La oferta les otorgaría el control de casi el 60% de la eléctrica asturiana.

Bruselas teme que "mediante la adquisición de una participación tan importante en el mercado español (...) EdF pierda incentivos para incrementar la capacidad de interconexión".

La capacidad de los interconectores entre los Estados de la Unión Europea es muy limitada (entre 1.000 y 7.000 megavatios), debido a que antes de la liberalización sólo se utilizaban por razones de seguridad del suministro. La situación se agrava, según la Comisión, "porque entre el 40% y el 60% de esa capacidad está reservada a contratos a largo plazo entre los antiguos monopolistas". O los actuales, como EdF, al que Bruselas ya impuso el pasado 12 de marzo la apertura a la competencia de la interconexión con el Reino Unido.

Investigación paralela

Monti ya ha iniciado expedientes similares para obligar a EdF a abrir las interconexiones con España e Italia, así como a los que existen entre Alemania con Bélgica y Holanda. El comisario se propone ahora aprovechar la baza del caso Cantábrico para presionar aún más sobre EdF.

En la Comisión molesta que su estrategia se interprete como una rendición ante el clamor general tras la entrada de EdF en Cantábrico y en la italiana Montedison. "Cada uno puede escribir la historia como quiera", desdeñan así en el departamento de Mario Monti las informaciones que se han publicado en España en este sentido. Y recuerdan una y otra vez que ya iniciaron el 2 de octubre de 2000 una investigación en profundidad sobre la toma de control de EnBW (un 34%) por parte de la empresa francesa, que supuso a EdF la venta de 6.000 MW de producción y la pérdida de los derechos de voto en la francesa Nationale du Rhône, y a EnBW, el abandono de su participación del 24% en la eléctrica suiza Watt.

Fuentes comunitarias cuestionan incluso que Rato solicitara el expediente. "Hubiera evitado que actuásemos contra EdF", apuntillan.

 

El Gobierno español se congratula

Antes de que el comisario Mario Monti hiciera oficial su decisión sobre Cantábrico, el director general de Política Económica y Defensa de la Competencia, Luis de Guindos, mostró su "gran satisfacción" porque dicha decisión "pone de manifiesto que se plantean serias dudas desde el punto de vista de la competencia".

De Guindos también aludió a la "ausencia de reciprocidad" entre el mercado español y el francés, uno de los argumentos esgrimidos por Monti en su informe. Con todo, el alto cargo de Economía reconoció que la decisión de pasar a una segunda fase "no implica ni prejuzga" que la operación acabe siendo remitida a las autoridades españolas de competencia.

También el secretario de Estado de Economía, José Folgado, se manifestó ayer sobre el caso Cantábrico precisamente en una visita que realizó a Asturias. En esta comunidad afirmó que no teme por el futuro de la compañía eléctrica, en la que el Gobierno ha suspendido los derechos políticos de los accionistas mayoritarios, la alemana EnBW y la portuguesa EDP. Algo que, según Folgado, no impide a la empresa seguir actuando "con absoluta normalidad".

El secretario de Estado de Economía, que no entró a valorar la decisión de Bruselas, añadió que su ministerio pretende contribuir a construir un mercado interior de la UE.

Por su parte, el ministro portavoz, Pío Cabanillas, aseguró que la decisión de Bruselas "refleja la que ha sido la posición del Ejecutivo español durante los últimos meses". Cabanillas subrayó, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la "importancia" de conseguir un mercado interior liberalizado en el sector eléctrico europeo y de evitar las "distorsiones" que puedan derivarse de la actividad de empresas con capital público.