El Banco de España abre expediente sancionador a la Rural de Canarias

El Banco de España ha abierto, con fecha del 24 de abril, expediente disciplinario sancionador a la Caja Rural de Canarias y a "las personas que ejercían cargo de administración y dirección" hasta el ejercicio de 2000. La utilización de sociedades interpuestas o contabilidad ficticia son algunas de las irregularidades detectadas por el Banco de España. Los responsables de la entidad deberán ahora presentar sus alegaciones.

El Banco de España ha detectado una serie de irregularidades, en algunos casos considerados como muy graves, en la gestión de la Caja Rural de Canarias. Por esta razón, el pasado 16 de febrero, y tras el levantamiento de un acta de inspección el pasado 15 de enero, la Comisión Ejecutiva del Banco de España ha acordado "incoar expediente disciplinario sancionador a la Caja Rural de Canarias, así como a las personas que ejercían cargos de administración y dirección en las fechas en las que se produjeron los hechos reflejados en dicha acta".

Según este expediente, de 11 páginas, la entidad canaria realizó "actos u operaciones con incumplimiento de los requisitos establecidos en normas de ordenación y disciplina". Además, se utilizó "personas físicas o jurídicas interpuesta con la finalidad de conseguir un resultado contrario a las normas de ordenación y disciplina o cuya obtención directa implicaría la comisión de una infracción grave".

Gran parte de las operaciones (fechadas entre 1999 y agosto de 2000) están relacionadas con el presidente de la entidad, Antonio Cabrera Sanabria, y empresas de su entorno (Grupo Cabrera Sanabria), que se han financiado a través de la caja rural "sin que en los libros de actas de la entidad conste la preceptiva autorización del consejo rector".

Las empresas en cuestión son Golf Leisure, Fuerfrut, Cabrera y Cabrera y Pescenescal. A ellas se añade la sociedad Jandía Devco, que ha venido siendo declarada por la entidad como una empresa participada, "pero no perteneciente al Grupo Cabrera Sanabria". Esta sociedad, "sin embargo, está participada en un 75% por sociedades del grupo Cabrera Sanabria desde finales de 1998, manteniéndose Antonio Cabrera Sanabria, desde esa misma fecha, como administrador único de la misma", señala el Banco de España, que, no obstante, afirma que en septiembre de 2000 esta sociedad ya aparece correctamente declarada.

Así, según la inspección del Banco de España, distintas sociedades del Grupo Cabrera Sanabria han venido realizando operaciones de descuento comercial sin contar con la autorización del consejo de la entidad.

Entre estas operaciones se encuentran: Pescenescal, que el 4 de enero de 2000 "descuenta un efecto por importe de 101,1 millones de pesetas; Golf Leisure, que durante los años 1999 y 2000 descuenta al menos 12 remesas por un total de 48 millones; Fuerfrut, que en el mismo periodo descuenta cinco remesas por un importe de 13,7 millones. Otra sociedad, Cabrera y Cabrera, también durante 1999 y 2000 descuenta ocho remesas por 18,4 millones de pesetas.

Según la Ley de Disciplina e Intervención de las entidades de Crédito esta operativa constituye "infracción grave".

Otras operaciones recogidas en el acta del Banco de España hacen referencia a la utilización de sociedades interpuestas , como la Compañía Archipiélago Canario (que permanece inactiva) y cuyo apoderado era Francisco Mendoza Rodríguez, jefe de inversiones de la caja. Otra sociedad creada para lo mismo y empleada "para conseguir un resultado contrario a las normas de ordenación y disciplina" es Jandía Sol, que tiene como administrador único a Celestino Suárez, que aparece en la base de datos de la entidad, junto al presidente de la caja y a otras cuatro personas, como apoderado de la Federación Provincial de Asociación de Exportadores de Productos Hortofrutícolas".

Esta práctica puede ser considerada como infracción muy grave y, "al menos, grave". Los responsables de la entidad, no obstante, tienen aún que presentar sus alegaciones, y será una vez estudiadas estas alegaciones cuando se determinará la responsabilidad o no de los hechos.

Las sanciones que pueden sufrir los responsables de la caja si, finalmente, se determina su responsabilidad pueden alcanzar, además de una multa, su inhabilitación y la revocación de la autorización a la entidad.