Bruselas sanciona a Volskwagen con 5.000 millones de pesetas
Las autoridades europeas de competencia infligieron ayer a Volkswagen el segundo mazazo en menos de un año. En julio de 2000, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa, con sede en Luxemburgo, confirmó una sanción a la multinacional alemana de 90 millones de euros (casi 15.000 millones de pesetas) por impedir la reexportación de sus vehículos desde otro Estado miembro.
La Comisión Europea multó ayer de nuevo al fabricante de automóviles, esta vez por impedir durante dos años que sus concesionarios exclusivos vendieran el modelo Passat por debajo del precio recomendado. Volkswagen anunció ayer que recurrirá la sanción ante el Tribunal de Luxemburgo.
La multa de 1998 encabeza el ranking de sanciones impuestas por la Comisión, y VW logró ayer el dudoso honor de ocupar también el puesto número nueve de esa lista negra.
La Comisión considera probado que, tal y como le alertaron las quejas de varios consumidores, Volkswagen envió circulares a sus concesionarios en Alemania exigiéndoles que renunciasen a comercializar el modelo Passat por debajo del precio recomendado o con descuentos elevados. El fabricante amenazaba con la cancelación del contrato de distribución al concesionario que no acatase las instrucciones.
Volkswagen defiende esta política, según la Comisión, en aras de preservar la rentabilidad de los concesionarios y de proteger la supuesta imagen de calidad del Passat, cuya versión limusina apareció en el mercado alemán en 1996 y la estándar, un año después.
Para Bruselas, en cambio, la empresa pretendió, sencillamente, eliminar la competencia entre su propia red de distribución. La Comisión calcula que se vendieron 400.000 unidades del Passat sin unas rebajas que podrían haber alcanzado el 10% del precio fijado por el fabricante (200.000 euros).
Se trata de la primera decisión de la Comisión contra la imposición de precios a los distribuidores, según destacó el comisario de Competencia, Mario Monti. El comisario extrae de la infracción una lectura cuyo alcance va más allá del pecuniario y puede afectar al resto de fabricantes. "Desgraciadamente", advierte Monti, "es otra prueba más de que no se respeta la exención a las normas de competencia [que disfruta el sector de automoción]". La Comisión permite a los fabricantes un sistema de distribución exclusiva a través de los concesionarios, que expira en septiembre de 2002. Bruselas duda de su renovación.