Aznar renuncia a decidir el futuro de los fondos antes de la ampliación
El Gobierno español ha perdido el pulso que planteó al alemán para condicionar la ampliación de la UE a la negociación de los fondos estructurales del futuro. El calendario de la ampliación seguirá su curso sin que se estudie ahora el impacto que tendrá en el reparto de los fondos estructurales. Alemania impone una moratoria de hasta siete años a la libre circulación de trabajadores del Este.
Madrid ha perdido el órdago que planteó a Alemania. Las negociaciones para la ampliación continuarán el calendario previsto sin que la Unión Europea acepte, por el momento, la exigencia española de que se estudie ya el impacto de la ampliación en el reparto de los fondos comunitarios entre las regiones más pobres.
El Gobierno de José María Aznar levantó ayer definitivamente el veto que mantenía al capítulo sobre libertad de movimiento de trabajadores en las negociaciones para la ampliación de la Unión Europea. Los Quince acordaron, tras la renuncia española, un periodo transitorio para los trabajadores de los nuevos Estados miembros de siete años, tal y como exigían Alemania y Austria.
Madrid ha fracasado en su intento de vetar este capítulo para lograr una garantía por escrito de que la ampliación hacia el Este no afectará a la percepción de fondos estructurales y de cohesión en las regiones españolas menos desarrolladas. Los representantes permanentes de los Estados miembros ante la UE ni siquiera concedieron ayer una declaración simbólica reconociendo el problema planteado por España. Madrid intentará, no obstante, que Comisión y Consejo realicen algún tipo de declaración antes de la próxima cumbre de Gotemburgo (15 y 16 de junio), probablemente en el consejo de Ministros de Asuntos Exteriores del día 11 de junio en Luxemburgo.
El acuerdo de principio incluye, como exigía Alemania especialmente, una moratoria de hasta siete años para la libertad de circulación de trabajadores del Este por su territorio. Los Quince también consiguieron avanzar en otra de las posiciones comunes necesarias para las negociaciones de adhesión, la relativa a la libre circulación de capitales. En este caso fue la delegación francesa la que, según otras fuentes diplomáticas, solicitó consultar a París antes de dar su visto bueno definitivo. Francia había planteado una moratoria para las inversiones en tierras de cultivo, debido al impacto sobre los precios.