La reforma de los convenios arranca sin acuerdo en plazos ni en temario
La negociación sobre la reforma de la negociación colectiva arrancó ayer sin que el Gobierno, la patronal y los sindicatos se pusieran ni siquiera de acuerdo en la fórmula que tendrá el diálogo y mucho menos en los temas que se pretenden tratar. Solo quedó una cosa clara: que el Gobierno impondrá la reforma legal de los convenios a finales de año si no hay acuerdo. El inicio de esta negociación quedó pues condicionada por la presión del Ejecutivo, que además también ha dibujado ya las líneas de la reforma.
Empresarios, sindicatos y Gobierno están de acuerdo en que la estructura de la negociación colectiva necesita reformarse y modernizarse. Pero aquí terminan las coincidencias.
Tras la primera reunión de más de tres horas mantenida ayer entre el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, el presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, y los secretarios generales de CC OO, José María Fidalgo, y de UGT, Cándido Méndez, han quedado configurados dos bandos.
Por un lado está el Gobierno que, secundado por la patronal, impuso dos claras condiciones en la negociación: el plazo y el temario. Aparicio fijó dicho plazo hasta diciembre de este año -para incluirlo en la Ley de Acompañamiento y que esté en vigor en enero de 2001-, y si no hay acuerdo, el Ejecutivo impondrá unilateralmente la reforma legal de los convenios, como ya hizo con la última reforma laboral en marzo pasado.
En cuanto al temario, fijó tres puntos claros. En primer lugar, superar la excesiva atomización de convenios, lo que conlleva reducir su número.
En segundo término, ordenar la articulación de la negociación colectiva en sus distintos ámbitos; esto se hará reservando materias exclusivas para los convenios de ámbitos superiores y facilitando la negociación salarial en los ámbitos inferiores de los convenios de empresa. Esto último, en palabras de Aparicio, permitirá adecuar la negociación salarial a la realidad económica de la empresa.
El tercer gran objetivo de Trabajo será eliminar los privilegios de aquella parte que en la negociación de un convenio no tenga voluntad de diálogo. Esto se traduce en poner algún tipo de límites a la facultad conocida como ultraactividad del convenio, que consiste en que el contenido de cualquier convenio está eternamente vigente hasta que no se negocie otro nuevo.
Trabajo y CEOE, alineados
No obstante, y ante la negativa rotunda de Méndez y Fidalgo a eliminar dicha ultraactividad de los convenios, ni siquiera parcialmente, Aparicio aseguró que "hay otras fórmulas" que deberán debatirse.
En este escenario, la patronal quedó ayer alineada en el bando del Ejecutivo hasta el punto de que el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, aseguró: "En principio no tenemos diferencias con el Gobierno".
Dicho esto, el dirigente patronal sí que hizo un llamamiento al Gobierno para que "no apremie en los plazos".
En el lado opuesto al Gobierno y patronal quedaron ayer CC OO y UGT que de forma "políticamente correcta" explicaron que la falta de concreción y de acuerdo hasta en cómo abordar la reunión y su temario les ha llevado a tomarse "unos días de reflexión de cada organización, y de consultas entre nosotros para en un futuro próximo poder abordar este asunto", dijo Fidalgo.
El escepticismo con que arranca esta negociación lo ilustró Méndez al asegurar que el hecho de conocer que el Gobierno va a imponer la reforma si empresarios y sindicatos no se ciñen al plazo fijado "no es un elemento que alivie el proceso de negociación sino añadir dificultades añadidas a un proceso ya de por sí complicado".
A esto hay que añadir que pese a manifestar que están de acuerdo en todo, CC OO y UGT aún no han elaborado un documento conjunto sobre esta negociación y ni Fidalgo ni Méndez garantizaron ayer que vaya a haberlo.