El PSOE propone una "renta básica de ciudadanía" como ingreso mínimo
El documento marco de la conferencia política prevista para julio incorpora como compromiso del PSOE la creación de la llamada renta básica de ciudadanía, destinada a garantizar unos ingresos mínimos con carácter universal e incondicional. Los socialistas consideran que no es aceptable que la cantidad de recursos que el Estado transfiere a los contribuyentes en forma de deducciones y desgravaciones impositivas sobre la renta supere en mucho la que el propio Estado dedica a aquellos ciudadanos que por su menor poder adquisitivo ni siquiera están obligados a declarar el IRPF.
De esta realidad surge la necesidad de garantizar unos ingresos mínimos para todos los ciudadanos de forma gradual pero equitativa, poniendo en conexión la política social con el sistema fiscal.
La ponencia redactada por el secretario de política económica del PSOE, Jordi Sevilla, considera indispensable el acceso de todos los ciudadanos a una renta básica. En los casos en que esté garantizada por el mercado, se lee en el documento, el Estado debe respetarla excluyéndola de la imposición personal. En aquellos otros en que no sea así, el Estado debe redistribuir la renta hasta ese nivel mínimo igual para todos, según los socialistas.
El primer partido de la oposición se compromete también a mejorar la calidad de la atención sanitaria y de la enseñanza pública, ante la exigencia cada vez mayor de los usuarios.
La resolución aprobada ayer por el Comité Federal subraya como principales puntos negros del actual Gobierno en el campo económico la disminución del gasto social, la "insoportable" precariedad laboral así como el fracaso en la lucha contra la inflación. El documento reitera la posición del PSOE favorable al reforzamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia y al aumento de la inversión en infraestructura e investigación básica, hasta duplicarlas en el horizonte de cuatro años.
El informe recuerda que entre los años 1997 y 2000, el Estado recaudó tres billones de pesetas más de lo presupuestado y gastó 1,2 billones más de lo que le habían autorizado las Cortes.
La resolución hace también especial hincapié en el fracaso de la política exterior del Ejecutivo central.