La fusión de las cajas El Monte y San Fernando choca con nuevas trabas

La pretensión de las cajas sevillanas El Monte y San Fernando de aprobar su fusión el próximo martes está encontrando más dificultades de las habituales. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía han elaborado un informe que dictamina que ninguna caja andaluza podrá fusionarse antes de adaptar sus estatutos a la Ley de Cajas. A ello se unen las irregularidades detectadas por el Banco de España en la gestión de El Monte.

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía han elaborado un informe con el que pretenden paralizar la inminente fusión de las Cajas de El Monte y San Fernando. Según este informe, las intenciones de ambas cajas (que pretenden aprobar su fusión el próximo martes) quedan aparcadas hasta que no adapten sus estatutos a la Ley de Cajas Andaluzas de diciembre de 1999.

Las dos cajas sevillanas, conocedoras de las conclusiones de este informe, han decidido para su fusión la fórmula de disolverse para posteriormente crear una única y nueva caja. Con este procedimiento pretenden eludir el último escollo interpuesto a la fusión por la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Magdalena Álvarez, ya que está fórmula les puede permitir aprobar su unión para después adaptar sus estatutos a la ley.

El informe de la Junta también contempla esta vía de fusión, y sigue considerando que antes de que ambas cajas aprueben su fusión deben pasar por la adaptación de sus estatutos. "A nuestro juicio el procedimiento ordenado sería la renovación de los órganos de gobierno previa a la fusión", señala el servicio jurídico de la Junta, quien, además, justifica su argumento en los plazos fijados por la ley de cajas para la adaptación de los estatutos, como para la aprobación de la fusión por parte del Consejo de Gobierno.

Según el informe, aunque la fusión se realice a través de la creación de una nueva caja por disolución de El Monte y San Fernando para posteriormente adaptar sus estatutos a la ley, "no puede producirse la aprobación de los estatutos en un momento posterior a la autorización de la fusión".

El dictamen de los servicios jurídicos de la Junta, fechado el 27 de febrero, coincide con otro dictamen externo elaborado por un catedrático externo a petición de la Junta y que analiza el auto del Tribunal Constitucional por el que levantó la suspensión de varios artículos de la Ley de Cajas tras el recurso de inconstitucionalidad a la ley presentado por el Gobierno central, y acordó mantenerla respecto a dos puntos de la disposición adicional primera de la ley.

El texto concluye que "la adaptación estatutaria y orgánica de las cajas a la Ley 15/1999 es el presupuesto indispensable para que se pueda adoptar un acuerdo de fusión. Es lo que, sensu contrario, resulta del auto del Tribunal Constitucional 178/2000".

A las trabas jurídicas de la Junta, se añade el acta de inspección del Banco de España, desvelado anteayer por El Correo de Andalucía y la cadena Ser. El Banco de España detecta un mal funcionamiento de la caja en aspectos estratégicos como participaciones accionariales en el sector inmobiliario, inversiones en sociedades muy por encima de los recursos propios, ausencia de procedimientos que avalen las operaciones de riesgo de crédito y excesivo aumento del crédito.

Según el acta de inspección, la caja ha llegado a destinar a inversiones el 126% de sus recursos propios hasta el 31 de junio de 2000.

"La caja presenta una situación de concentración de riesgos en el sector inmobiliario que en circunstancias adversas podría afectar negativamente". Con motivo de la inspección, la caja tendrá que acometer una desinversión del 76% respecto a los compromisos que tenía adquiridos en el momento de practicarse la inversión, ya que se ha visto obligada a establecer unos límites para las inversiones del 50% de los recursos consolidados.

El Banco de España abrió hace dos años un acta e inspección similar precisamente contra la otra caja protagonista de la fusión, Caja San Fernando. El supervisor alertó entonces sobre la excesiva concentración de riesgos, su elevada morosidad y su especulativa cartera de inversiones.

Aquel acta hacía también referencia a inversiones comunes entre las dos cajas. En concreto, a los terrenos que adquirieron al Ministerio de Defensa en Tablada (Sevilla) con el fin de hacer una gran operación inmobiliaria.

Contratos blindados

El acta revela, también, que el director general de El Monte, Juan Pedro Álvarez Giménez; su director general adjunto, Alberto Alonso Lobo, y su subdirector-secretario general, José María Giménez Fernández tienen contratos blindados que no se recogen en el balance y que, de ejecutarse, supondrían para la caja un desembolso de 1.600 millones.

 

"La caja cumple rigurosamente

la normativa"

El presidente de El Monte, Isidoro Beneroso, aseguró ayer que su entidad "cumple escrupulosamente con las observaciones del Banco de España" y que el alto porcentaje de recursos dedicados a la inversión, uno de los más altos de España, obedece a "una política de compromiso con el desarrollo de nuestra comunidad", informa Daniel Salado.

Beneroso atribuye indirectamente a la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, la filtración del informe, que sólo estaba en poder de El Monte, el Banco de España y la consejería. Por carta, alerta al presidente andaluz contra "quienes pretenden desestabilizar el sistema financiero andaluz".

El índice de morosidad al cierre del ejercicio "ha descendido al 1,34%, situándose la dotación para provisión de insolvencias en el 120,6%", explica Beneroso, quien desmiente que haya blindaje de los contratos de tres de sus directivos y afirma que las dotaciones se dirigen al fondo de pensiones futuras en caso de prejubilaciones, excepto una indemnización "que no supera los 90 millones de pesetas". Incluso señala que su gestión ha merecido la felicitación del Banco de España, "hasta el punto de instarnos a que moderemos el espectacular crecimiento de resultados mediante un aumento de las dotaciones".

 

PP y PSOE cambian el reglamento de la ley andaluza

Manuel Chaves, como presidente del PSOE andaluz, y su homóloga del PP regional, Teófila Martínez, cerraron ayer, con un primer acuerdo de 11 puntos, una negociación abierta desde hace meses para acordar un cambio en el reglamento de la ley andaluza de cajas que dé más autonomía a los órganos de gobierno de las mismas frente al control del Ejecutivo regional.

El objetivo de fondo del acuerdo, según un comunicado, es favorecer la colaboración "y las fusiones" de las seis entidades de ahorro de Andalucía, para lo que acuerdan "modificar algunos aspectos del contenido del anteproyecto del reglamento de la Ley de Cajas".

Según el comunicado de ambas formaciones, firmado por los dos líderes regionales, las actuaciones de posibles fusiones deben hacerse "al margen de las tensiones que pueda generar el legítimo debate político" y "desde el respeto a la autonomía de cada caja y a la libertad de sus órganos de Gobierno para adoptar las decisiones que estimen pertinentes de acuerdo con sus propias estrategias". Las cajas sevillanas San Fernando y El Monte esperan ahora aprobar su fusión el próximo martes, dotando a la nueva entidad de unos estatutos internos adaptados al nuevo reglamento de la Ley de Cajas. La consejera de Economía de la Junta, Magdalena Álvarez, sostiene, amparada en informes jurídicos de la Junta, que sólo es posible adaptar primero los estatutos y después fusionarse.