Cataluña reclama poder normativo sobre los impuestos especiales

El consejero de Economía de la Generalitat, Francesc Homs, exigió ayer capacidad normativa para gestionar los impuestos especiales. Homs presentó junto a Manuel Cobo, su homólogo en la Comunidad de Madrid, las líneas maestras del nuevo modelo de financiación autonómica.

Según detalló Homs, y corroboró Cobo, a partir del próximo año los Gobiernos regionales se financiarán, básicamente, con los ingresos de una cesta fiscal integrada por un porcentaje del IRPF, otro del IVA y otro de los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco y electricidad, entre otros). Para estos últimos, el consejero catalán reclamó capacidad normativa: "Podríamos bajar o subir los impuestos, y responsabilizarnos ante nuestro electorado". El nuevo modelo será, además, estable en el tiempo y sumará los ingresos necesarios para pagar la sanidad.

Sobre el porcentaje de tributos indirectos que Cataluña está dispuesta a gestionar, el consejero de Pujol señaló que debería ser "suficiente para financiar unos servicios que hasta ahora daba la Administración central". El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna ya avanzó hace unas semanas que el traspaso se concretaría en unos porcentajes cercanos al 40% en IRPF y 30% en IVA y especiales.

En cuanto al posible traspaso del impuesto de sociedades, Homs reconoció que "es muy difícil imputarlo territorialmente" y al referirse a la Agencia Tributaria afirmó que la mejor manera de garantizar la coordinación inspectora "es constituyendo un consorcio tributario".

Cobo completó el modelo pergeñado apuntando que el criterio fundamental de reparto de los ingresos "debe ser la población", y argumentó: "A quienes piden ventajas para la dispersión geográfica hay que decirles que la densidad de población también es un gasto".

El responsable de Economía de la Generalitat inició su intervención en el Club Siglo XXI anunciando que la presencia conjunta de los dos consejeros en aquel foro "no era casual", y correspondía a la voluntad expresa de los dos Gobiernos regionales de superar viejos tópicos. "No es Madrid frente a Cataluña, ni Madrid y Cataluña frente al resto de los territorios. Nuestro compromiso conjunto es ser profundamente solidarios en el futuro". Homs desveló que tanto él como Cobo han mantenido reuniones en las últimas semanas con el resto de consejeros autonómicos.

Dicho esto, el consejero reclamó al Gobierno central -allí estaba Antonio Beteta, secretario general de Política Fiscal, para tomar buena nota de sus peticiones- que dirija el debate "con la suficiente sensatez como para no dejar a nadie fuera, porque -prosiguió- creo sinceramente que en la actualidad hay marco económico, legal y político para hacer de la financiación un pacto de Estado". Francesc Homs pidió expresamente al PSOE que se sume a la negociación "sin recelos".

Para el consejero de Pujol, el elemento clave de la negociación que se avecina es la integración de la sanidad. Homs reconoció que se abre un duro debate sobre la manera de garantizar el crecimiento futuro de este gasto, "porque su financiación da mucha inseguridad". Cataluña reclama un fondo especial para pagar el coste de la inmigración, similar a otros que ya existen en el modelo actual y que sirven para financiar los desplazados o la investigación.

 

Madrid exige garantías para pagar la sanidad

La Comunidad de Madrid no está en contra de la integración de la financiación sanitaria en el modelo general, pero reclama garantías para sus ingresos.

El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Cobo, explicó ayer que durante las negociaciones ellos propondrán que la financiación sanitaria -cerca de 500.000 millones de pesetas en su caso- se vincule temporalmente a los nuevos impuestos cedidos, de manera que éstos tengan carácter finalista y se destinen a pagar los gastos de la salud.

Además, y en el caso de que estos ingresos tuvieran una evolución negativa, el Estado garantizaría unos ingresos mínimos ligados a la evolución del PIB nominal. Una garantía similar a la que hoy tiene el modelo de financiación vigente y que las autonomías negociaron en 1998 ante la mala evolución de los ingresos por IRPF.

Los catalanes, por el contrario, prefieren que los nuevos ingresos no estén condicionados y que sean los Gobiernos regionales los que decidan qué dinero se destina a pagar hospitales y centros de salud.

Manuel Cobo también reclamó para su comunidad límites en la cesión del IRPF. æpermil;stos tendrían como finalidad evitar, en el caso de un exceso de participación, que no puedan recoger los beneficios del resto de tributos.