Villarejo pide plena autonomía para las investigaciones a cargos públicos
El fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, reclama plena autonomía e independencia del fiscal general del Estado para poder investigar casos de corrupción o abusos de poder cometidos por funcionarios o altos cargos del Estado. Anticorrupción advierte que controlará la banca on line para evitar el blanqueo de capitales.
Después de su creación, hace cinco años, la actividad de la Fiscalía Anticorrupción arroja muy buenos resultados (se han incrementado los casos en los que interviene), aunque podrían ser mejores si se dieran las circunstancias adecuadas. Esta es la conclusión a la que llega la Memoria anual sobre el año 2000 que esta fiscalía especial acaba de hacer pública. Su máximo responsable, el fiscal jefe Carlos Jiménez Villarejo, reclama que el fiscal general del Estado goce de plena autonomía e independencia para "evitar trabas en las actuaciones contra los agentes del Estado por delitos de corrupción y abusos de poder". Una función, que a juicio de Jiménez Villarejo, debería ser asumida por la Fiscalía Anticorrupción.
En la memoria también se hace hincapié en la necesidad de abordar una reforma para que "el fiscal, ante la delincuencia económica organizada, supere el papel que le reserva la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de una cierta subordinación al juez, y asuma formalmente la iniciativa investigadora, es decir, la instrucción del proceso penal".
La Fiscalía Anticorrupción también se mueve con los nuevos tiempos y anuncia que estará atenta a las actividades en banca on line para evitar "que las nuevas tecnologías y la falta de coordinación internacional generen ámbitos de impunidad para la delincuencia organizada", en este caso para el blanqueo de capitales.
En cuanto al suplicatorio del eurodiputado italiano Silvio Berlusconi, solicitado por el juez Baltasar Garzón, se resalta el "grave" daño que se ocasiona al Poder Judicial la paralización del mismo (desde julio de 2000) en el Poder Ejecutivo.
No se deja pasar la ocasión para poner de manifiesto el malestar que han causado los ataques del alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, contra Jiménez Villarejo y Carlos Castresana. En el informe se propone la reforma del Código Penal para que las injurias y calumnias contra jueces y fiscales puedan perseguirse de oficio.