El Tribunal de la UE resolvió un 33% más de asuntos el año pasado
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el de Primera Instancia aumentaron el año pasado el número de sentencias dictadas (33,16%) respecto al año 1999. Ambas instancias judiciales resolvieron 870 asuntos y la tendencia se rebajó ligeramente (2,5%), según la memoria anual de la institución. En 2000 la actividad del Tribunal Europeo estuvo marcada por la renovación de parte de sus miembros y por las reformas en los procedimientos judiciales.
La máxima instancia judicial europea dictó durante el pasado año numerosas sentencias relativas al buen funcionamiento del mercado interior, la igualdad de trato en el mundo del trabajo y la responsabilidad de los Estados miembros en la correcta aplicación del derecho comunitario.
El Tribunal de Primera Instancia también aportó jurisprudencia con sus resoluciones en materia de derecho de la competencia aplicable tanto a las empresas como a los Estados.
La entrada de asuntos nuevos se mantuvo durante el año pasado dentro de la media y, globalmente, la duración de los procedimientos no varió. Como media, una cuestión prejudicial (preguntas planteadas por jueces nacionales) tarda en resolverse 21 meses, los recursos directos, 24 meses, y los de casación, 19 meses. En el Tribunal de Primera Instancia la duración media de los casos sigue siendo de 27 meses.
El pasado 7 de octubre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas renovó el mandato a cinco de sus miembros por un periodo de seis años y llegaron a esta instancia judicial tres jueces nuevos. Además todos los miembros votaron a favor del tercer mandato del español Gil Carlos Rodríguez Iglesias como presidente del tribunal.
En la memoria del año pasado se destaca también las importantes reformas que se han aplicado a los reglamentos de procedimiento. Desde julio del año pasado se están aplicando procedimientos acelerados o simplificados en las dos instancias europeas "para ofrecer una justicia de calidad en los plazos más breves posibles", según el informe anual.
La firma del Tratado de Niza (conferencia intergubernamental para la reforma institucional de la UE cara a su ampliación) también ha introducido modificaciones en el sistema jurisdiccional europeo.
Entre otras cosas el tratado consagra el principio de la competencia del Tribunal de Primera Instancia para conocer de la mayor parte de las categorías de recursos directos, excepto las que estén reservadas al Tribunal de Justicia Europeo. A esta última instancia se reservan los recursos de los Estados miembros, de las instituciones y del Banco Central Europeo.
También se dispone en el Tratado de Niza la creación de "salas jurisdiccionales" para aliviar la pendencia que soporta el Tribunal de Primera Instancia, al que también se le reconoce competencia para resolver cuestiones prejudiciales en algunas de las materias. Todas estas reformas en los procedimientos darán lugar a una adaptación del control que ejerce el Tribunal de Justicia sobre las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia.