Oposición, sindicatos y consumidores rechazan el copago de fármacos
La posibilidad de implantar un sistema de copago de los medicamentos en función de las rentas de los consumidores cada vez es más tangible. La ministra de Sanidad, Celia Villalobos, confirmó ayer que si se toma esta decisión sólo pagarán parte de los fármacos aquellos con mayores ingresos, independientemente de si son trabajadores en activo o pensionistas. El resto de personas estaría exento del pago en la compra de medicamentos o pagarían menos.
La ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, confirmó ayer que su departamento está estudiando distintas fórmulas para "controlar" el gasto farmacéutico, al tiempo que aclaró que de adoptarse un sistema de copago de los medicamentos como una de estas medidas de control, dicho sistema "estaría relacionado con las rentas de los consumidores y no con la pertinencia de ser un trabajador activo o pasivo".
En la actualidad, el sistema de copago de los medicamentos es aplicable sólo a los trabajadores en activo, pero si se implantara un sistema en función de las rentas, los pensionistas no quedarían excluidos. De esta forma, un jubilado con rentas altas pagaría una parte proporcional de sus medicamentos y, sin embargo, un trabajador con cargas familiares y bajos ingresos no pagaría nada o pagaría menos.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, respaldó ayer las posiciones manifestadas por Villalobos respcto a este asunto y recordó que ya existe este sistema de copago para los trabajadores en activo.
Según insistió la ministra, que hizo estas declaraciones durante su visita al Hospital Clínic de Barcelona, uno de los problemas más acuciantes del sistema sanitario es el elevado gasto anual en recetas farmacéuticas de asistencia primaria. Esta situación le llevó a opinar que "el Estado no puede destinar el 25% del gasto sanitaria a pagar recetas".
Por ello confirmó que el Ministerio de Sanidad "ya ha empezado a trabajar con los laboratorios, los distribuidores, los farmacéuticos y los pacientes" con la intención de "tomar medidas" que permitan "un control adecuado" del gasto del sistema sanitario en recetas.
No obstante será el Consejo Interterritorial el que tendrá que escuchar y aprobar esta propuesta en torno al mes próximo mes de julio y posteriormente tendría que ser debatido por el Parlamento.
La implantación del sistema de copago en función de las rentas sería, por tanto, una de las medidas incluidas en el plan general de estabilidad para el sector farmacéutico que actualmente discute Sanidad con los sectores afectados (laboratorios, médicos, farmacéuticos y pacientes) y que debe recibir el visto bueno del citado Consejo Interterritorial.
El motivo que ha llevado a los responsables de Sanidad a manejar esta solución es el descontrol del gasto farmacéutico, que se ha disparado en los últimos años, hasta registrar un aumento acumulativo del 12%, salvo en el año 2000, en el que se redujo al 7%, según recordó la ministra.
Evitar listas de espera
La intención de Villalobos y sus colaboradores es, por tanto, adoptar alguna fórmula que logre que el gasto no crezca por encima del producto interior bruto (PIB) nominal, que en 2000 se situó en el 7,7%. A su juicio es imprescindible que Sanidad reduzca el gasto en recetas para poder dedicar mayor presupuesto a evitar las listas de espera y a mejorar los salarios de los trabajadores de la sanidad pública.
Sin embargo, la responsable de Sanidad no termina de respaldar clara y públicamente el sistema de copago y por ello, empiezan ya a escucharse emplazamientos para que lo haga.
Así, la portavoz de sanidad de Convergència i Unió (CiU), Zoila Riera, pidió al Gobierno que si de verdad tiene la intención de aplicar un sistema de copago de los medicamentos, debe presentar una propuesta en el Parlamento o en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en lugar de lanzar "globos sonda", pues considera que este tipo de cuestiones son delicadas, tienen mucho calado político, "y no deben ser instrumentalizadas políticamente", afirmó.
Por otra parte, Villalobos se refirió a la comercialización de los medicamentos sin receta en los supermercados, desechando esta posibilidad al apoyar al colectivo farmacéutico, y se mostró partidaria de que los fármacos "sigan bajo el control del propio farmacéutico", porque "son par-te del sistema sanitario".
Partidos, sindicatos y consumidores rechazan este sistema
Las declaraciones de Celia Villalobos sobre la posibilidad de implantar el sistema de copago de medicamentos en función de las rentas provocó ayer un nuevo aluvión de críticas y opiniones en contra de partidos políticos (PSOE e IU), sindicatos (CC OO y UGT), organizaciones de consumidores (OCU, UCE y Ceaccu) y otras asociaciones.
Los socialistas encuentran "inaceptable" que las prestaciones sanitarias deban ser sufragadas por los usuarios, ya que la base del sistema pasa por su gratuidad y universalidad, como servicio público garantizado por la Constitución.
La secretaria de política social del PSOE, Consuelo Rumí, tachó de "barbaridad" este sistema y aseguró que su implantación supondría "un reconocimiento del fracaso de la política sanitaria del Gobierno".
El director de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, opinó que este tipo de medidas tiene un impacto significativo en la disminución del gasto farmacéutico y prefirió fomentar la educación sanitaria de los ciudadanos a través de campañas de uso racional del medicamento. Por su parte, la Unión de Consumidores de España (UCE) aseguró que la medida tendría sólo efectos recaudatorios sin disuadir ni contener el gasto farmacéutico.
Las federaciones de pensionistas de CC OO y UGT fueron tajantes al asegurar que no permitirán que el Ejecutivo adopte esta medida y anunciaron que recurrirán a las movilizaciones y a los actos de protesta oportunos para impedirlo.
El presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, consideró que el sistema de copago en función de rentas es inviable, "porque es muy complejo y los gastos administrativos que generaría se llevarían los ahorros que el Gobierno consiguiera", dijo.