Las comunidades autónomas piden que se concrete el coste de la reforma de la justicia

Las siete comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia han remitido al ministerio un documento, en respuesta a la reforma judicial propugnada por Ángel Acebes, en el que solicitan que se "perfeccionen" las competencias asumidas y se "concrete" la financiación de los gastos de pacto.

Según explicó ayer la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Hermosín, el Estado "está creando una deuda" con las comunidades autónomas, una vez que éstas han ido asumiendo el 100% de las reformas parciales que se han efectuado en los últimos años.

El documento, remitido al ministerio por las comunidades de País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, Navarra y Andalucía, plantea seis propuestas que a juicio de estas comunidades debería incluir la reforma de la justicia y que se refieren al personal de servicio de la Administración judicial, los secretarios judiciales, la oficina judicial, demarcación y planta judicial, financiación y nuevas tecnologías.

Según aseguró Hermosín, las comunidades exigen que se "concrete y clarifique" la financiación de la reforma porque no quieren que ocurra como en los últimos años, en que determinadas reformas parciales, como la creación de los órganos unipersonales de lo contencioso-administrativo y la entrada en vigor de las nuevas Leyes de Responsabilidad Penal del Menor y de Enjuiciamiento Civil, han sido "asumidas al 100% por las comunidades autónomas".

En este sentido, Hermosín consideró que el Estado "está creando una deuda con las comunidades autónomas" y abogó por una distribución "razonable y equitativa de los costes de la reforma en todos los territorios", de ahí que soliciten al ministerio información sobre cómo se financiará la reforma "para que no nos coja por sorpresa y no ocurra como hasta ahora, en que todo lo nuevo en justicia lo costean las comunidades autónomas", insistió.