Trabajo reconoce derechos laborales a los 'sin papeles' muertos en Lorca
La Inspección de Trabajo de Murcia ha reconocido la relación laboral de la empresa Greensol, SL, con los 12 trabajadores ecuatorianos que murieron el pasado 3 de enero en un accidente de tráfico en Lorca (Murcia), así como con otros 35 inmigrantes en situación irregular, según confirmó ayer CC OO.
La Inspección de Trabajo, según recuerda el sindicato, inició su investigación a raíz de una denuncia presentada por CC OO y UGT, que aportaron "pruebas fehacientes" de la relación laboral de dicha empresa con los inmigrantes, quienes en el momento del accidente carecían de contrato de trabajo y permiso de residencia en España.
CC OO informó además de que la Inspección de Trabajo ha decidido incoar expediente de "derivación de responsabilidad" por deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social por la empresa Greensol, cuyo administrador único es Víctor Lirón Ruiz, procesado judicialmente.
La inspección, asimismo, ha procedido a levantar acta de infracción de extranjeros a la misma empresa por vulneración de la normativa sobre contratación de trabajadores inmigrantes en situación irregular, por lo que reconoce que la relación laboral se extiende a 47 trabajadores.
CC OO explicó que, de acuerdo con la actual Ley de Extranjería, la sanción podría ascender hasta 10 millones de pesetas por trabajador, a la que se sumaría la deuda por ausencia de altas en la Seguridad Social y cotizaciones no abonadas, por lo que la sanción podría llegar a superar los 470 millones de pesetas.
La Inspección de Trabajo ha dado traslado al ministerio fiscal de las actuaciones practicadas a fin de que se diriman las presuntas responsabilidades judiciales a que hubiera lugar con ocasión del accidente ocurrido en Lorca, que, en opinión de CC OO, deberían hacerse extensibles al ámbito civil y penal.
El secretario general de CC OO de Murcia, José Luis Romero, dijo ayer que "esta investigación supone un hito sin precedentes en el reconocimiento de los derechos laborales de trabajadores extranjeros en situación irregular, así como una actuación ejemplarizante para aquellos empresarios que hasta ahora se han aprovechado impunemente de la posición de debilidad de este colectivo para enriquecerse". Por su parte, la Audiencia de Barcelona ha tenido en cuenta la "sangrante y difícil" situación de los inmigrantes que llegan a España en busca de trabajo para imponer una condena de tres años y medio de prisión a dos gestores que ofrecieron falsos contratos laborales a extranjeros, a cambio de 100.000 pesetas.
Situación irregular
El tribunal también justifica la imposición de esta pena por las circunstancias personales de las víctimas, que eran personas atraídas por los cupos para inmigrantes en situación de "precariedad y necesidad" y que en algunos casos necesitaban dinero para familiares o amigos, también en situación irregular.
El gestor R.E.B. y su ayudante G.B. han sido condenados a seis meses de prisión por estafa y a tres años de cárcel y 300.000 pesetas de multa por un delito continuado de falsedad en documentos oficiales, según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe.
Echene, que regentaba la gestoría y se encargaba de los asuntos de extranjería, se aprovechó para su lucro personal de que en 1995 la Dirección Provincial de Trabajo de Barcelona abrió un periodo especial para la contratación en España de extranjeros no comunitarios.
Según la acusación pública, el procesado, que era también administrador de fincas, se aprovechó de su red de oficinas en Barcelona para captar a inmigrantes sin papeles hasta llegar a tramitar ante las autoridades 30 expedientes. No obstante, la sala tiene la sospecha de que hubo un engaño "a gran escala", resalta la sentencia, por lo que el número de estafados sería mucho mayor.