Cascos obligará a las constructoras a mantener las carreteras
El proyecto de la nueva ley marco para la construcción y financiación de infraestructuras, que elabora Fomento, incluirá la "cláusula de progreso", que obligará al contratista a conservar en buen estado la nueva obra. Esta obligatoriedad, que ya poseen las empresas de autopistas, se extenderá a toda clase de obras, ya que el Gobierno quiere que bajo un renovado sistema concesional, la iniciativa privada participe al máximo en las nuevas infraestructuras pendientes.
El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, no quiso concretar la fecha en la que el Gobierno presentará el borrador del futuro texto legal. La iniciativa, en la que colaboran hasta cuatro departamentos ministeriales, pretende diseñar un marco jurídico estable, cuya finalidad es regular la participación del capital privado en la construcción de las grandes obras de infraestructuras.
La ley marco prevé una profunda renovación del actual sistema concesional, ya que establecerá nuevas obligaciones a los contratistas y también prevé otorgar nuevos incentivos (de carácter fiscal, entre otros) para que la inversión bajo esta modalidad sea atractiva a las empresas.
Cascos es partidario de que con esta modalidad de concesiones la iniciativa privada participe en la construcción de los nuevos corredores ferroviarios de alta velocidad que contempla el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Así, una vez que se liberalice el transporte ferroviario de viajeros y mercancías, las empresas que hubiesen participado en la construcción de las nuevas líneas cobrarían el canon a los operadores que utilizasen las vías férreas, recuperando así la inversión. Con la "cláusula de progreso" estarán además obligadas al correcto mantenimiento de la infraestructura.
Medio billón
Además de nuevas perspectivas de negocio para las constructoras, esta iniciativa supone un considerable ahorro para las arcas del Estado, que hace dos años y sólo para las tres autovías de la red radial catalogadas de primera generación (N-I, N-II y N-IV) estimó que su reparación costaría medio billón de pesetas.
Cascos clausuró ayer en Madrid una jornada sobre el informe elaborado por la Fundación Cotec sobre Innovación en construcción. El estudio pone de relieve los escasos recursos que destinan las empresas constructoras a las nuevas tecnologías.
Según las cifras facilitadas por la patronal del sector, Seopan, de los 14 billones que generó esta actividad el pasado ejercicio, apenas un 0,12% fue destinado a actuaciones de investigación y desarrollo (I+D) y un 0,7% de su facturación a innovación.
Según las empresas, este reducido gasto supone una amenaza para la competitividad futura de una actividad "vital para la economía española". Por este motivo, los constructores reclaman a Fomento que destine un pequeño porcentaje de los 19 billones de pesetas de inversión que movilizará el Plan de Infraestructuras 2000-2007 a políticas que animen la inversión en innovación.
El suelo es cosa de las regionesy los municipios
El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, respondió ayer a quienes critican la ausencia de un pacto de Estado sobre el suelo que el Gobierno central ya hizo lo que estaba en su mano para frenar el aumento del precio de los terrenos. "Son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tienen todas las competencias en la materia y creo que la clave está en la falta de acuerdo que existe entre ellos", aseguró el ministro, quien apostilló que, no obstante, en el marco del Congreso de los Diputados, que es donde se encuentra la ley, es donde debe debatirse este asunto entre todas las fuerzas políticas.
Sin embargo, Cascos admitió dentro de este contexto que el pacto entre Administraciones es necesario, porque "debemos reconocer que la escasez de solares es uno de los factores que contribuyen al encarecimiento del precio de la vivienda".
En este sentido anunció que a lo largo de la presente legislatura, el Ministerio de Fomento elaborará el Código Técnico de la Edificación, que, en la búsqueda de una mejora de la calidad, "fijará los requisitos básicos que, en materia de seguridad y habitabilidad, deberán cumplir todas las edificaciones que se construyan a partir de su aprobación". Este código se está diseñando en colaboración con los promotores y empresas constructoras.