'Un cambio de ciclo provocaría la revisión del acuerdo de pensiones '

El secretario de Estado de la Seguridad Social lleva un año en el cargo y ya tiene como aval un importante acuerdo de protección social. Se muestra satisfecho y convencido de que el pacto es equilibrado. Pero es consciente de que la segunda parte de la reforma, la más difícil, queda para 2003.

El éxito del acuerdo de pensiones, por el lado del Gobierno, tiene un nombre propio que es Gerardo Camps, el secretario de Estado de Seguridad Social. Valenciano de 36 años y que con tan sólo un año al frente del sistema de pensiones ya cuenta a sus espaldas con el refrendo de un importante acuerdo sobre el futuro del sistema de protección social. El negociador del anterior acuerdo de pensiones de 1996 ahora es Ministro de Trabajo.

Pregunta. ¿Qué valoración hace el Gobierno de este acuerdo?

Respuesta. El Gobierno entiende que es equilibrado porque refleja, en todo o en parte, las posiciones de los firmantes. No ha habido ninguna 'rendición' en alguna de las posiciones defendidas. Hay tres principios que quedaron claramente definidos desde el principio: continuar con todas aquellas medidas que aseguraran la estabilidad económico financiera del sistema, reforzar el principio de contributividad y equidad y ahondar en el principio de la solidaridad.

P. El discurso del Gobierno fue desde el principio ir contra la jubilación anticipada ¿qué ha cambiado?

R. El Gobierno desde el inicio de la negociación manifestó que creía que no era bueno para el sistema de protección social extender de manera generalizada la jubilación anticipada, en la misma forma y manera que ahora existe para un determinado número de trabajadores, pero también es verdad que tenían que evitarse situaciones de abandono y así se ha hecho.

P. Todas las medidas del acuerdo aumentan el gasto y se dejan para 2003 aquéllas que refuerzan los mecanismos de ingresos o de racionalización del gasto.

R. La jubilación anticipada supone un incremento de gasto a corto plazo, que luego se irá compensando porque los que se acojan a ella recibirán unas pensiones más bajas por efecto de los coeficientes penalizadores.

Evidentemente, el sistema tiene que afrontar un mayor gasto al principio de la puesta en marcha de funcionamiento de la medida, pero es un gasto que tiende a equilibrarse con el paso del tiempo con ese menor percibo de pensión.

Hay otras medidas que sí suponen un incremento del gasto y que no se equilibran ni compensan con el paso del tiempo sino, todo lo contrario, se consolidan como gasto, como es la subida de pensiones. Por ello, se ha acordado que la subida de prestaciones sea selectiva, para los más necesitados, las mínimas, viudas y huérfanos y de forma gradual.

P. ¿Cuándo empezarán a tener efecto el acuerdo?

R. Mucho más allá de los próximos años, en los que seguro que habrá muy pocas personas que se acojan tanto a la jubilación anticipada como al alargamiento de la vida laboral, más allá de los 65 años.

P. ¿Qué ha quedado pendiente en esta reforma?

R. El acuerdo contempla claramente que hay que ir hacia sistemas que tengan en cuenta el esfuerzo total que se realiza a lo largo de toda la vida laboral. Y que eso se tiene que hacer a partir de 2003. Pero todas las partes coinciden en que hay que acordar fórmulas de cálculo que tengan en cuenta todo ese esfuerzo. Consideramos que es más justo, debido a los cambios de las carreras laborales, que cada vez tienen más lagunas de cotización.

P. Alargar a toda la vida laboral, ¿supondrá un recorte de las pensiones del futuro?

R. No. Hemos pasado de 8 a 15 años el cálculo de la base reguladora y la pensión media de jubilación ha crecido en cinco años 20.000 pesetas (de 73.752 pesetas en 1995 a 93.597 pesetas en marzo de 2001). No ha habido ningún recorte, sino en todo caso una racionalización del gasto, un crecimiento ordenado.

P. ¿Qué más novedades tendrá la segunda parte de la reforma de 2003?

R. Será un nuevo sistema en el que, además, tendremos que potenciar las largas carreras de cotización. Lo que la gente entiende es que hay que primar el esfuerzo que se hace por el sistema y el mayor esfuerzo lo hace quien cotiza más tiempo, aunque esto no sea siempre una opción voluntaria.

P. ¿Se sugirió en algún momento de las negociaciones ampliar el número de años exigible para cobrar una pensión (15 años)?

R. No. Ni el Gobierno ni ninguno de los agentes sociales ha entendido que fuera necesario aumentar este periodo de carencia, que además es muy homologable a la mayor parte de los sistemas de protección parecidos al nuestro del resto de Europa.

P. Un cambio a peor del ciclo económico, ¿tendría alguna repercusión en las medidas pactadas?

R. Esta reforma está diseñada sobre los escenarios barajados en el Plan de Estabilidad. Pero todos los sistemas de protección social de reparto se encuentran muy al albur del cambio en las circunstancias económicas que afectan inmediatamente a la creación de empleo.

Evidentemente, si se produjera un cambio respecto a estas expectativas económicas, tanto en el propio acuerdo como su duración hasta 2004, tendría que producirse una revisión. Si cambian los parámetros para que esto pueda ser real, tendremos que modificar el desarrollo del acuerdo en materia de protección social.

P. Llegado este caso, será muy difícil convencer a los agentes sociales de la necesidad de recortar derechos.

R. Los agentes sociales, o al menos parte de ellos, han demostrado responsabilidad, coherencia y madurez, y si cambiaran los presupuestos sobre los que hemos edificado este acuerdo, sería todo el mundo consciente de que no cabría el desarrollo que en estos momentos pensamos, sin mayor problema. Esperemos que no cambie, todo indica que nos movemos en hipótesis realistas, pero si eso cambiara desde la responsabilidad de todos, habría que variar las previsiones del acuerdo, decir lo contrario sería intentar engañar.

 

Destinar las horas extras a planes de pensiones

La parte menos desarrollada del pacto de pensiones es la referida al fomento de los sistemas complementarios. Si bien, hay alguna referencia a la necesidad de reformar la ley vigente para potenciar los planes colectivos o de empresa. La opinión de Camps al respecto es que en los últimos años sí se ha producido un importante desarrollo de los fondos privados de pensiones, pero no ha ocurrido lo mismo con los planes colectivos o de empresa. Por ese motivo avanzó que se avecina una reforma legal 'que no tardaremos mucho en ver' de la norma sobre Planes y Fondos de Pensiones. En dicha reforma se tratarán de primar las distintas fórmulas de salario diferido que ya se practican en la mayoría de los países de la Unión Europea. Camps abogó por ser imaginativo y consideró que los incentivos no deben limitarse a destinar parte de la subida salarial de un año a otro a un plan colectivo de pensiones, sino que hay otras fórmulas y citó como ejemplo, destinar las retribuciones de determinadas oras extraordinarias a capitalizar uno de estos planes de empresa. Recordó que el acuerdo establece, además, la mejora de la integración de los sistemas complementarios en la negociación colectiva y la reforma de las comisiones de control de estos planes.

 

Uniones regionales de CC OO y UGT piden unidad

Los secretarios generales de las principales uniones regionales de CC OO y UGT pidieron este fin de semana a sus cúpulas confederales que mantengan la unidad de acción sindical pese a las diferencias generadas por la firma del acuerdo de pensiones, que el Gobierno, Comisiones Obreras y CEOE rubricarán a mediodía de hoy en La Moncloa con la presencia del presidente del Ejecutivo, José María Aznar.

En este sentido se manifestaron los líderes de estos sindicatos de Andalucía, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias o Navarra, quienes en su mayoría demandaron la celebración conjunta del próximo Primero de Mayo.

El número dos de UGT, Toni Ferrer, declaró ayer a Efe que la unidad de acción 'es un patrimonio de los trabajadores' por lo que expresó la necesidad de dar una imagen de unidad con CC OO ante el Primero de Mayo, después de que el líder de esta central, Cándido Méndez encontrara el viernes 'difícil' la celebración conjunta de esta jornada sindical.

Por otra parte, la CGT celebró ayer su XIV Congreso y aprobó convocar una huelga general antes de fin de año.

 

El Gobierno vigilará 12.000 empresas de la costa y las islas

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social iniciará el próximo 1 de junio una campaña de control de la economía irregular que prevé realizar, hasta septiembre, un mínimo de 11.780 visitas a empresas de las zonas y sectores más afectos a la economía sumergida, informó ayer este departamento.

La campaña se desarrollará intensivamente en 16 provincias de la costa mediterránea y en las islas. Atenderá con preferencia la hostelería, la construcción y la agricultura, a fin de detectar las faltas de alta en la Seguridad Social, la compatibilización indebida del cobro de prestaciones y salario o el trabajo de extranjeros sin permiso. En febrero pasado se hizo una campaña similar en 1.165 visitas a empresas, descubriendo 401 trabajadores extranjeros sin permiso. Se impusieron multas por más de 542 millones de pesetas.