Un juez anula el veto al derecho de suscribir una ampliación de Iberia
El juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid ha declarado nula la supresión del derecho de suscripción preferente que acordó la junta general de accionistas de Iberia el 12 de junio de 1999 al aprobar una ampliación de capital de 20.000 millones de pesetas.
Según comunicó ayer la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sentencia, que estima una demanda de varios trabajadores, accionistas de Iberia, no afecta a la ampliación de capital.
No obstante, Iberia ha decidido recurrir el fallo en apelación al considerar que la supresión del derecho de suscripción preferente "estaba justificada", ya que la ampliación de capital respondía a un compromiso previo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según indicaron fuentes de la compañía.
Iberia puso en marcha en 1994 un Plan de Viabilidad que incluía una ampliación de capital de 120.000 millones de pesetas, que debía desembolsar la SEPI, principal accionista de la compañía.
La ampliación se sometió a la Comisión Europea (CE), que redujo su cuantía hasta 107.000 millones, de los que 87.000 se aportaron en ese momento y los 20.000 millones restantes quedaron aparcados hasta que se cumplieran los compromisos del Plan de Viabilidad.
En 1999, una vez cumplidos estos objetivos, se acometió la ampliación de capital de 20.000 millones, que salió a un precio de 658 pesetas por acción, cifra que triplica la cotización a la que cerró ayer (195 pesetas por título).
La sentencia se ha conocido justo el día después de que la aerolínea de bandera comience a cotizar en Bolsa. Este hecho es una pura coincidencia, pero ha permitido que fuentes cercanas a la empresa señalen que la decisión judicial no tendrá ninguna repercusión práctica, ya que afirman que ningún inversor puede estar interesado en acudir a una ampliación de capital a un precio muy superior al que cotizan las acciones en Bolsa.
Accionistas
A pesar de lo colateral de esta sentencia, en relación a los momentos que vive la compañía como empresa completamente privada, fuentes cercanas a los sindicatos han señalado que la decisión judicial clarifica el papel que los trabajadores tienen en el futuro de Iberia, en su condición de accionistas.
Hay que recordar que los trabajadores de Iberia, después de la OPV, tienen una participación en el capital del 8,7% y cuentan con opciones sobre acciones por valor de 56.000 millones.