Hacienda propone eliminar la garantía de ingresos mínimos de las comunidades

El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, propuso ayer suprimir en el nuevo modelo de financiación autonómica, que deberá entrar en vigor en 2002, el actual mecanismo por el que se garantizan unos ingresos mínimos a las comunidades.

La idea parte de la noción misma de corresponsabilidad fiscal. Si se aumenta la autonomía financiera en los ingresos, también debe transferirse a los Gobiernos autonómicos la competencia para que éstos sean capaces de ajustar los gastos a los recursos con que cuentan, sin que la Administración central corra a cargo con la diferencia.

El actual modelo de financiación autonómica, vigente desde 1997 y que estará en vigor hasta el fin de este año, cuenta con varios mecanismos de garantía, entre ellos el que establece que, si el porcentaje del IRPF que tienen cedido las comunidades (mínimo del 15% ampliable al 30%, según los casos) no es suficiente para alcanzar al menos el volumen de ingresos correspondiente al crecimiento del PIB nominal, el Estado se encarga de sufragar la diferencia.

"Al Estado nadie le garantiza los ingresos; si éstos se reducen, tiene que hacer lo posible por moderar los gastos. Por tanto, las comunidades, en la medida que aumenten su corresponsabilidad, deben hacer lo mismo calculando el margen que cada una tenga", añadió en un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Acuerdo PSOE

Giménez-Reyna se mostró confiado en que el Gobierno alcance finalmente un acuerdo satisfactorio con el PSOE y CiU en materia autonómica, fruto de las conversaciones que se están manteniendo en las últimas semanas. La última reunión se celebró ayer entre el PSOE y responsables del Ministerio de Hacienda. "Soy optimista. La situación de partida, con un grupo de comunidades que no están en ningún modelo -las tres que estaban gobernadas por el PSOE en 1997-, no es la óptima, pero creo que hay consenso para que se incorporen todas", dijo, señalando que también hay coincidencia en que el futuro modelo sea estable -no para sólo cinco años como el actual- y se construya sobre la cesión de una "cesta de impuestos".

Esta cesta, indicó, podría estar formada por los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco en su totalidad (la recaudación de ambos asciende a casi 900.000 millones) además de los que gravan las primas de seguros, la electricidad y la matriculación de vehículos. El impuesto especial de hidrocarburos (recauda 1,5 billones al año) podría ser también objeto de cesión, "pero sólo parcialmente". Hay camino también para estudiar un porcentaje de la recaudación del IVA, "hasta el 25 o el 30%".

El modelo se completaría, en su opinión, con la ampliación de la cesión del tramo autonómico del IRPF, "hasta el entorno del 40%; más allá no sería recomendable". El volumen de recursos necesarios por las comunidades para financiar sus gastos, a excepción de la Seguridad Social, se encontraría, a su juicio, próximo a los ocho billones, "si se incluye la Sanidad".

En cuanto a la cesión de la capacidad normativa de los tributos, se mostró partidario de ampliar la del IRPF y de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales. Indicó que es muy complejo transferir capacidad normativa en caso del IVA, y que sea a la vez compatible con la actual legislación comunitaria. Aún en el caso de que se tocara este punto, apuntó que es mejor que se preserve la "unidad de gestión" de este impuesto para que no surjan los problemas de descentralización que existen en otras Haciendas europeas, como el caso de la alemana. La reforma de la financiación local, prevista para 2002, "podría diseñarse también sobre una cesta de impuestos, aunque de menor cuantía", dijo.