General Dynamics se hace con el control de Santa Bárbara
La Empresa Nacional Santa Bárbara saldrá definitivamente de la órbita pública. Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe hoy la venta de la empresa española de defensa, controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la multinacional norteamericana General Dynamics, una vez cerrado el acuerdo de transferencia tecnológica para fabricar los carros de combate Leopard 2 con el grupo alemán Krauss Maffei, el otro concursante en el proceso de privatización de Santa Bárbara.
El nombre del nuevo propietario de Santa Bárbara ya se decidió hace un año, pero faltaba la aprobación gubernamental.
El futuro de Santa Bárbara está asegurado según los planes de General Dynamics. La firma norteamericana sólo pagará 900 millones de pesetas por la empresa española, pero ha empeñado su palabra, vía inversiones, para garantizar su futuro.
General Dynamics pretende convertir a la empresa española en su cabecera de operaciones para Europa. En un principio, tiene previsto invertir 14.000 millones de pesetas de pesetas en Santa Bárbara, un capítulo que puede ampliarse considerablemente en los próximos años con la aportación de nuevos contratos, que algunos cifran en 200.000 millones de pesetas. El grupo se ha comprometido a mantener e incluso incrementar la plantilla en 135 puestos de trabajo.
El principal atractivo que tiene Santa Bárbara , sin embargo, es el contrato con el Ministerio de Defensa para fabricar 235 unidades del carro de combate Leopard 2, un negocio valorado en 300.000 millones de pesetas (1.803,4 millones de euros). La tecnología de este carro es propiedad del Gobierno alemán, que ha utilizado a la compañía Krauss Maffei- Rheinmetall, aspirante descartado en el proceso de privatización, para dilatar la privatización. Este problema se ha resuelto con el acuerdo de protección de tecnología.
Privatización de Iberia
El Consejo de Ministros también estudiará hoy la aprobación de la llamada acción de oro del Estado en el capital de la compañía aérea Iberia, en proceso de privatización. Los privilegios del Estado sobre la compañía podrán estar vigentes por un periodo de cinco años, prorrogables durante un par de años más.
El Gobierno se reserva así el derecho a controlar decisiones estratégicas de la empresa ahora que empieza a cotizar, y evitar también la entrada en el capital de empresas públicas de cualquier otro país.