El Gobierno exige a las operadoras de cable cumplir sus inversiones

Las operadoras de cable tendrán que cumplir las obligaciones de despliegue de la red que adquirieron al resultar adjudicatarias de los concursos. Según un informe que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha enviado a la Generalitat de Cataluña, el hecho de que las concesiones se hayan transformado en licencias "no les exime de sus obligaciones de despliegue de la red, cobertura y calidad".

El informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología es la respuesta a una consulta de la Generalitat para clarificar la situación de las empresas que tienen la concesión de cable en Cataluña: Menta (antes Cable i Televisió de Catalunya) y Telefónica Cable. La Generalitat quería saber a qué atenerse en un momento en que las inversiones y el despliegue de red de las dos adjudicatarias del cable no marcha al ritmo al que se habían comprometido en un principio.

Las aspiraciones de las operadoras de renunciar a sus obligaciones arrancan de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Menta no considera que deba cumplir con el compromiso de llevar televisión por cable a todos los municipios catalanes en el plazo de 10 años, tal y como reflejaba el concurso del Ministerio de Fomento de 1997. La razón de este cambio es que con la liberalización se han transformando las concesiones en licencia y no considera lógico mantener los mismos compromisos de inversión y cobertura en un mercado que ya está liberalizado.

El informe del ministerio es importante porque las principales operadoras de cable presentaron a principios de año un recurso ante el mismo ministerio en el que pedían que se les eximiera de cumplir la obligación de extender la red en los plazos pactados. Las 12 operadoras que presentaron el recurso (Able, R, Retena, Reterioja, Supercable, Madritel, Menta, Cabletelca, Ono, Euskatel, Retecal y Retecable) se habían comprometido a invertir 1,23 billones de pesetas en 10 años.

Aunque el escrito recibido por la Generalitat sólo hace referencia a las dos concesionarias de cable en Cataluña (Menta y Telefónica Cale), supone un indicio de la postura del ministerio ante las operadoras de cable.

Respecto a Menta, está obligada a desplegar la red para ofrecer el servicio de televisión por cable en la zona de Barcelona y el Besòs en octubre de 2003. En el resto de Cataluña, deberá llegar a los municipios de más de 50.000 habitantes en octubre de 2002; a los que tengan entre 10.000 y 50.000 habitantes en octubre de 2004; a los municipios de entre 5.000 y 9.999 habitantes en octubre de 2005 y a los de menos de 5.000 en octubre de 2007.

Por el ritmo de despliegue y de comercialización de Menta, se teme que no pueda cumplir estos plazos. La compañía ha manifestado que obligarle a mantener los compromisos de despliegue "supone dejar a la empresa en una situación de desventaja competitiva frente a los otros operadores". En el recurso alega que algunas poblaciones no generarán "rendimientos que permitan amortizar las inversiones necesarias para prestar servicio" y que, en el caso de que tengan que hacerlo, el déficit generado "afectará a las tarifas de prestación de servicios de la compañía".

La dirección de Menta declinó opinar ayer sobre el informe del ministerio y esperar a que se resuelva el recurso presentado.

El texto del ministerio no hace referencia a Telefónica Cable, porque todavía está en proceso la transformación de sus títulos.