ETA asesina de un tiro en la cabeza a un concejal socialista de Lasarte
ETA hizo coincidir ayer la disolución del Parlamento vasco con el asesinato del concejal socialista de 54 años Froilán Elespe Inciarte, primer teniente de alcalde de la localidad guipuzcoana de Lasarte. Un terrorista le disparó un tiro en la cabeza cuando se encontraba tomando unos vinos en un bar de la localidad.
Elespe, casado y con dos hijos, había rechazado en repetidas ocasiones llevar escolta. La última, durante una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Lasarte el lunes. Un amigo personal del edil explicó ayer que sus propios allegados y familiares le recomendaban a menudo que cuidara más de su seguridad, ya que hacía una vida rutinaria. Acudía a diario al bar Sancho, próximo al establecimiento en el que fue asesinado, para jugar una partida de cartas e incluso se sentaba de espaldas a la puerta, lo que en ocasiones le recriminaban sus propios compañeros.
El atentado se produjo cuando la víctima tomaba unos vinos antes de comer en el bar Sasoeta de la Avenida Donosti de Lasarte. Un terrorista, integrante al parecer del comando Donosti, entró en el establecimiento y le pegó un tiro en la cabeza, según parece con un silenciador. Después huyó a cara descubierta en compañía de otro activista.
"El decía que merecía más la pena estar feliz el tiempo que viviera", recordó un amigo de Elespe, quien explicó que tenía unas costumbres tan arraigadas que algunos vecinos le buscaban en el mismo bar a la hora de la partida cuando querían plantearle algún problema relacionado con su labor municipal.
El PSE/EE gobierna el consistorio de Lasarte con mayoría absoluta, al contar con nueve ediles, mientras que EH tiene cuatro, la coalición PNV-EA, tres, y el PP, uno.
La víctima, responsable del área de Urbanismo en dicho ayuntamiento, era el brazo derecho de la alcaldesa, la también socialista Ana María Urchegia. Al igual que el ertzaina Iñaki Totorika, asesinado el pasado día 9, Elespe era afiliado a la Unión General de Trabajadores.
Se trata del primer concejal socialista asesinado por ETA y del cuarto militante de este partido que cae a manos de la banda terrorista tras el final de la tregua, en diciembre de 1999. La organización ha asesinado hasta ahora a 11 concejales del PP.
Es también el quinto asesinato de ETA desde que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, anunció el pasado 20 de febrero su intención de convocar las elecciones el 13 de mayo.
El propio lehendakari afirmó ayer que el asesinato de Elespe supone un atentado "contra el conjunto del pueblo vasco".
Numerosos dirigentes del PP mostraron su solidaridad con el PSOE. Desde ambos partidos se hizo un llamamiento a los ciudadanos vascos para que en las elecciones del 13 de mayo cambien el rumbo de la política en el País Vasco. Los sindicatos ELA, LAB, UGT y Comisiones Obreras también expresaron su pesar por lo ocurrido.
Insultos a EH y detenciones
El pleno extraordinario convocado ayer tarde para condenar el atentado comenzó con diez minutos de insultos lanzados contra los concejales de Euskal Herritarrok asistentes. El público congregado en el consistorio increpó a los ediles de la formación abertzale, a los que calificó de "asesinos" y "nazis".
Por otra parte, la corriente crítica de HB Aralar dio ayer un plazo de tres días a la Mesa Nacional de esta formación para que decida si los parlamentarios de EH acudirán a la Cámara vasca que salga de las próximas elecciones, ya que, en caso contrario, no concurrirán en las listas de la coalición radical.
Asimismo, la policía detuvo ayer a cinco jóvenes en Vizcaya como presuntos integrantes de un grupo Y de apoyo a ETA. Están acusados de dirigir la violencia callejera en Getxo y pertenecen a la organización radical Haika. El ministro del Interior, Mariano Rajoy, no descartó que alguno de ellos sea responsable de delitos de sangre.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón confirmó ayer la prisión incondicional por pertenencia a banda armada de 17 dirigentes de la rama juvenil de ETA. El juez desestima así el recurso presentado por la defensa basándose en la gravedad de los hechos que se les imputan y el riesgo de fuga.