El PSOE pide que se creen cuerpos regionales de funcionarios de justicia
El PSOE ha elaborado un documento con 20 propuestas para el pacto de Estado de reforma de la justicia en las que, entre otras, apuesta por la creación de cuerpos autonómicos de funcionarios al servicios de la Administración de justicia.
El perfeccionamiento del reparto de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas en materia de Administración de justicia es una de las propuestas clave recogida en el documento que la ejecutiva del partido socialista ha hecho pública en el marco del llamado pacto de Estado por la justicia.
Según el texto del documento, que recoge un veintena de propuestas alternativas a las del Gobierno, la actual indefinición de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de personal debe ser superada. Para ello, el PSOE propone precisar el estatuto jurídico del personal afectado por el traspaso de gestión a las comunidades y apuesta por permitir que éstas puedan crear sus propios cuerpos autonómicos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia. El PSOE considera que, en las comunidades autónomas con doble oficialidad lingüística, se debería potenciar la utilización de las lenguas oficiales.
Otras propuestas elaboradas por los socialistas pasan por fortalecer los tribunales superiores de justicia, a fin de que los recursos ante el Tribunal Supremo recuperen su carácter extraordinario y su función primordial de unificar la doctrina. Y respecto a la creación de mecanismos para agilizar la justicia, las propuestas del PSOE pasan por potenciar los juicios rápidos así como los sistemas de arbitraje, mediación y conciliación como medios eficaces para evitar conflictos. También se propone extender la asistencia jurídica gratuita y abaratar el coste de acceder a la justicia.
La forma de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Ley del Jurado, el acceso a la judicatura por el tercer y cuarto grado y la contrarreforma del Código Penal son los cuatro puntos clave que el PSOE identifica como los grandes puntos de desencuentro con la oferta del ministerio de justicia.
Según se señala en el informe, "cuando los ciudadanos se enfrentan al caos judicial, no se preguntan por la elección del CGPJ". Además, para el partido de la oposición, la propuesta del Gobierno consistente en que los miembros del CGPJ sean elegidos por los mismos jueces "politizaría la justicia, pues condenaría a los jueces a hacer campaña política".
Por otro lado, para el PSOE la propuesta del Gobierno de cambiar la composición del jurado para hacerlos mixtos (jueces y ciudadanos) supondría que los expertos van a limitar el grado de participación de aquellos que carecen de conocimientos en leyes, algo que va en contra del espíritu del jurado.
Asimismo, para los socialistas no resulta adecuado restringir el acceso a la carrera judicial al sistema único de oposición. En este sentido, propugna que se mantenga el tercer y cuarto turno como la única vía de acceso para personas que han demostrado una larga trayectoria profesional.
Entre otras propuestas, los socialistas apuestan por el control social de la actuación de los tribunales, otorgar un papel más activo al ministerio fiscal, potenciar el espacio judicial europeo y la creación de las "ciudades de la justicia" como infraestructura judicial que contrarreste la dispersión de los órganos judiciales por toda la geografía urbana.
El Gobierno vasco, a favor de que se descentralicen los tribunales
El departamento vasco de Justicia, Trabajo y Seguridad Social reclama al Gobierno central que incluya dentro de su plan para la reforma de la justicia una "auténtica" descentralización de los medios personales, lo que supone "eliminar el carácter de cuerpo nacional" de los funcionarios.
El titular de esta consejería, Sabin Intxaurraga, difundió ayer en rueda de prensa las propuestas sobre la reforma de la justicia presentada por el Ejecutivo autonómico al ministro Ángel Acebes en una reunión celebrada el pasado día 14 de marzo.
El ministro, según explicó Intxaurraga, ha pedido a las otras comunidades autónomas con competencias en esta materia que le remitan sus aportaciones. Intxaurraga explicó que "no tiene sentido" que, pese a tener transferidas las competencias de personal, "no se produzca la "auténtica" descentralización como ocurre en otros ámbitos.
"Por razones de eficacia y eficiencia", dijo, se debe eliminar el carácter de cuerpo nacional de los funcionarios de Justicia y únicamente dejar en la Ley Orgánica del Poder Judicial los aspectos básicos de su estatuto jurídico que deben ser respetados por las Administraciones.
La "verdadera descentralización" conllevaría la creación de un Consejo General del Poder Judicial Vasco y la intervención de los parlamentos autonómicos en la designación de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, de las audiencias provinciales y del fiscal-jefe de cada comunidad.
Respecto al nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial, la propuesta vasca se decanta por la elección parlamentaria para evitar la imagen de corporativismo. En cuanto al fiscal general del Estado, propone un sistema de extracción parlamentaria basado en la elección entre una terna de nombres.
Respecto a los magistrados del Tribunal Constitucional, apuesta por una "representación geográfica" por su competencia en conflictos entre la Administración central y las autonómicas. El Gobierno vasco propone eliminar las jurisdicciones especiales, como la Audiencia Nacional, y que toda la casación corresponda a los tribunales superiores de justicia, salvo para unificación de doctrina.