Bruselas acusa a 25 ciudades españolas de vertidos ilegales
La Comisión Europea acusó ayer a 37 municipios europeos de más de 150.000 habitantes de realizar todos sus vertidos en las aguas del entorno, sin someterlos a ningún tratamiento químico que reduzca el alto poder contaminante. Capitales de provincia españolas como A Coruña o Logroño figuran en la vergonzosa lista.
El litoral próximo a la Tacita de Plata o a la Concha donostiarra también oculta el desagüe incontrolado de las aguas fecales y residuales de los más de 150.000 habitantes del área metropolitana de Cádiz y San Sebastián.
La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, calificó ayer de inadmisible esta situación, 10 años después de que se aprobara la directiva (ley comunitaria) sobre tratamiento de aguas residuales. El incumplimiento de la ley "afecta directamente a la salud de la población", alertó durante la presentación de un seminario sobre la política urbana de tratamiento de aguas. "Marca la diferencia, por ejemplo, entre unas aguas de baño que estén en condiciones o no".
Muchos de los municipios españoles con mayor densidad turística figuran, precisamente, en la lista negra que Wallström desveló ayer. Benidorm, Benalmádena, Fuengirola o Palma de Mallorca se encuentran entre los 18 municipios españoles que no disponen aún de sistemas completos de tratamiento biológico para eliminar los agentes contaminantes diluidos en las aguas residuales, obligatorios desde el 31 de diciembre pasado. Barcelona, Murcia, Santander, Vigo, Castellón y Salamanca, entre otros, soportan esa misma carencia.
Más grave aún es la situación en San Sebastián, Logroño, Alginet, A Coruña, Gijón y Tui. Estos municipios se encuentran entre las 37 ciudades europeas donde la Comisión Europea no tiene constancia de que se aplique ningún tratamiento a las aguas vertidas al mar o a los ríos respectivos. Esos vertidos son ilegales desde diciembre de 1998 en las 542 ciudades europeas con más de 150.000 habitantes.
Las autoridades españolas han indicado que en San Sebastián, Logroño y Alginet se dispondrá de un sistema de tratamiento adecuado dentro de dos o tres años. En el resto, los proyectos se encuentran todavía en fase de borrador. La Comisión se propone "nombrar y avergonzar" a los municipios que están infringiendo la ley pues "envían una señal muy negativa a los países candidatos a la adhesión, a los que siempre se critica por no adaptarse a las normas medioambientales de la UE".
Bruselas resaltó ayer que los países del Este que aspiran a la integración necesitarán una inversión de 30.000 millones de euros (más que el despliegue de la telefonía de tercera generación en la UE) para cumplir la directiva sobre tratamiento de aguas.