Bruselas pide a España más ambición en la fiscalidad de la energía

España inició ayer en Bruselas las negociaciones sobre la armonización fiscal de la energía tras más de cuatro años de veto a la propuesta de directiva (ley comunitaria) que intenta extender la actual fiscalidad mínima de los carburantes a todas las fuentes de energía (electricidad, carbón, gas natural y butano). El Gobierno ha aceptado volver a la mesa de negociación gracias a una propuesta de compromiso de la presidencia sueca de la UE.

Estocolmo ha tentado al ministro de Economía, Rodrigo Rato, con la posibilidad de negociar un marco general sobre la fiscalidad de la energía sin fijar plazos para su aplicación en todo el territorio comunitario. Numerosas delegaciones celebraron el cambio de actitud del Gobierno en el transcurso de esta primera ronda de negociación en el grupo de fiscalidad del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin).

Veto

Pero la Comisión Europea, que enmarca su propuesta de 1997 en una estrategia no sólo medioambiental, sino también de reducción de la fiscalidad sobre las rentas del trabajo, considera poco ambiciosa la propuesta sueca y lamenta que España condicione el levantamiento del veto a un plazo sine die. Desde el 1 de enero de 2000, la Comisión admite que los Quince apliquen un IVA reducido a actividades cuyo principal valor añadido sea la mano de obra (desde peluquerías hasta todos los servicios de asistencia o cuidados). Bruselas quiere que la pérdida de ingresos fiscales provocada por medidas de este tipo, que contribuyen a la creación de empleo, se compense con "la introducción de un nuevo sistema común de gravamen para los productos energéticos".

España se ha negado, sin embargo, a la revisión de los tipos mínimos de imposición sobre carburantes, anclados todavía en los niveles de 1992, y a la introducción de nuevos mínimos para electricidad, gas o carbón. Los Quince se reunirán de nuevo el 27 de abril, a la búsqueda de un principio de acuerdo que deben trasladar al Ecofin.