Trabajo aprobó los despidos de Sintel pese a la oposición de la inspección
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social remitió el pasado mes de febrero un informe a la Dirección General de Trabajo en el que desaconsejó a ésta aprobar el expediente de regulación de empleo presentado por Sintel. A pesar de ello, Trabajo dio el visto bueno al despido del 44% de la plantilla y aseguró, además, que sí había tenido en cuenta el dictamen de la inspección.
La Dirección General de Trabajo desoyó el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la hora de aprobar el expediente de regulación de empleo de Sintel que ahora afecta a 796 trabajadores, de los 1.818 que tiene. El ministerio que dirige Juan Carlos Aparicio asegura que fundamentó la decisión del pasado lunes "en razones de carácter económico, organizativo y productivo, conforme a los datos presentados por los interventores judiciales e Inspección de Trabajo". Sin embargo, no tuvo en cuenta el informe de la Unidad Especial de la Inspección, que desaconsejó esta m tel -añade el informe- sólo establece "medidas organizativas y de producción" y únicamente fija sus objetivos "en la recuperación de las ventas, basada en Telefónica, su anterior propietario y actual acreedor y deudor".
Sin embargo, el citado plan "no recoge el compromiso o acuerdo con Telefónica que le permita resolver la actual situación de conflicto que mantienen".
Según se desprende de la documentación elaborada por la Inspección de Trabajo, el plan tampoco "resuelve el pago de los salarios no abonados (siete nóminas) a los trabajadores que fue motivo de la ruptura de las negociaciones con la empresa".
La posición de Trabajo
Fuentes de Trabajo aseguraron a este diario que "este ministerio tiene competencia para tomar esta decisión, a pesar del informe desfavorable de Inspección de Trabajo" y basan el despido del 44% de la plantilla de Sintel "en muchos otros datos económicos, como sus pérdidas (que suman 10.000 millones desde junio) y sus deudas, tales como las contraídas a la Seguridad Social, que suman 3.000 millones de pesetas". Las mismas fuentes consideran que "la medida que ha tomado es imprescindible para evitar la quiebra".
Los trabajadores no aceptan este expediente, que califican de "oscuro" y ultiman recurrirlo. Entre tanto, la plantilla, acampada desde hace 50 días en el Paseo de la Castellana de Madrid, ha decidido continuar con sus movilizaciones hasta mayo "para pedir el pago de sus nóminas y una mesa de negociación tripartita que facilite un plan de viabilidad".