El Gobierno ignora al Ecofin y deja sin dotar la deuda a los funcionarios
El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, aseguró ayer que el Gobierno no tiene previsto provisionar el medio billón de pesetas que tendría que pagar a los empleados públicos en el caso de que el Tribunal Supremo no le dé la razón en el asunto de la sentencia sobre la congelación salarial de los funcionarios para 1997. De esta forma, el Ejecutivo desoye las recomendaciones del Ecofin del lunes pasado.
El Gobierno no piensa provisionar oficialmente ningún tipo de fondo para pagar a los empleados públicos, en el caso de que les salga mal el recurso que han interpuesto ante el Tribunal Supremo en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la congelación salarial de los funcionarios para 1997.
Esto supone un cierto desaire del Ejecutivo español hacia los responsables económicos de la Unión Europea, quienes en la reunión del Ecofin del lunes pasado recomendaron a España que tome medidas que compensen el impacto presupuestario de la sentencia sobre los salarios de los funcionarios.
La resolución de esta sentencia podría conocerse a partir del verano, y si su desenlace volviera a dar la razón a Comisiones Obreras, en contra del Gobierno, éste deberá incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado las cantidades compensatorias que se adeudan a los empleados públicos por la congelación salarial y que podrían ascender a medio billón de pesetas, según cálculos sindicales.
Si el Gobierno no provisiona estos fondos y finalmente tiene que pagarlos, el equilibrio de las cuentas públicas previsto quedará seriamente comprometido.
La negativa del Gobierno a provisionar fondos la desveló ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que dejó claro que "no da demasiada importancia" a las recomendaciones de los ministros de Economía de los Quince.
En su opinión, es "lógico" que la UE se preocupe por este imprevisto de las cuentas públicas españolas -porque el Gobierno español también lo está-, pero quitó importancia a sus recomendaciones al señalar que el Ejecutivo español "tomará las medidas que sean necesarias cuando haya que tomarlas", esto es, en su opinión, cuando se conozca la sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por el Gobierno contra la sentencia de la Audiencia Nacional.
Tener en cuenta al Ecofin
El titular de Administraciones Públicas añadió: "Lo único que nos pide el Ecofin es que esto se tenga en cuenta, y el Gobierno lo tiene en cuenta".
Así reconoció veladamente que, pese a que oficialmente el Ejecutivo confía en ganar el recurso, en privado "estudia todos los escenarios posibles". Llegado este punto, contemplan también que el Supremo falle en su contra, pero incluso en ese caso esperan que la sentencia de este tribunal "arroje luz sobre el ámbito de aplicación de la sentencia".
De esta "esperanza" se deduce que el Gobierno espera, como mal menor, que si el Supremo no le diera finalmente la razón, al menos restringirá a los empleados de la Administración central del Estado -y no a los de las autonómicas y locales-, el colectivo de empleados públicos que se beneficiarán de esta sentencia.
En cualquier caso, Posada aseguró que el Gobierno "no descarta nada" si el Supremo decide no anular la sentencia de la Audiencia Nacional, dejando así la puerta abierta a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.