La CE pide al Gobierno que limite la presencia de políticos en las cajas
Bruselas está reclamando a varios países de la UE, entre los que se encuentra España, que limite a menos del 50% el peso político en los consejos de las entidades financieras si no quieren que éstas sean consideradas entidades públicas. Esta reclamación afecta de lleno a las cajas de ahorros españolas.
La despolitización de las cajas de ahorros no es gratuita, ni un capricho del ministro de Economía, Rodrigo Rato. Bruselas publicó el pasado 26 de julio una directiva (la 2000/52/CE, por la que se modifica la directiva 80/723/CEE, relativa a las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas) por la que se consideran ayudas públicas todos aquellos préstamos que conceden a empresas las entidades financieras en las que en su consejo existe más de un 50% de representantes políticos.
æpermil;sta es la razón por la que Bruselas está pidiendo a todos los Gobiernos de la UE que se adapten a esta normativa. Y uno de estos casos es España.
æpermil;ste es el detonante de que Rato quiera reducir a menos del 50% la representación pública en los consejos de administración de las cajas. Las cajas españolas son conscientes de esta directiva, que refuerza otra normativa comunitaria ya existente (sistema europeo de cuentas). Aunque en este caso, la norma afectaba a todas las empresas y no era, como la directiva de julio pasado, específica para las entidades financieras.
En un principio, Rato qui-so introducir esta limitación en la Ley Financiera, y así se estableció en el primer borrador de noviembre. Pero la idea de Economía era desarrollar y aclarar también ciertas lagunas existentes para la emisión de cuotas participativas.
Por ello el Gobierno optó por excluir los posibles cambios en las cajas de la Ley Financiera para llegar a un consenso con el PSOE.
Tanto el Gobierno como el PSOE están de acuerdo en reducir el peso político en las cajas. El problema está en los Gobiernos autónomos.
Donde parece que no hay tanta similitud es en el desarrollo de las cuotas participativas, a lo que ahora se ha unido la presión de los bancos. Ante esta situación, Rato parece dispuesto a retirar su proyecto para potenciar la emisión de cuotas y llegar a un consenso sobre la despolitización de las cajas.
Bruselas lleva tiempo intentando erradicar los privilegios de las cajas de ahorros, sobre todo de las alemanas (principalmente públicas), con las que mantiene un contencioso que ha desembocado en la apertura de un expediente, que también afecta a la banca pública (sobre todo al WestLB).
El expediente estuvo a punto de salpicar en marzo del pasado año a España. Pero la intervención de los comisarios europeos Pedro Solbes y Loyola de Palacio logró paralizarlo. Solbes y Palacio se basaron en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1982 en la que se reconoce a las cajas españolas como entidades privadas de carácter fundacional.
La única caja española pública es la de Navarra.