Trabajo aprovechará la reforma laboral para flexibilizar la negociación colectiva
El Gobierno ya ha comunicado a los sindicatos que reformará la regulación de la negociación colectiva, a través de una enmienda que incorporará el PP en la tramitación parlamentaria de la ley que desarrolla la reforma laboral y que espera que el Parlamento apruebe antes del verano. Fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron que el Gobierno aún no ha decidido cómo se llevará a cabo esta reforma.
Los negociadores de UGT y CC OO en la mesa de la reforma laboral recibieron el pasado jueves un mensaje claro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: el Gobierno reformará la negociación colectiva mediante la incorporación de una enmienda del PP en la tramitación parlamentaria del decreto de la reforma.
Esta comunicación se produjo en un encuentro que tuvo a última hora del pasado jueves el secretario general de Empleo, Juan Chozas, con los secretarios de acción sindical de CC OO, Fernando Puig, y de UGT, Toni Ferrer, junto a otros negociadores de las centrales, informaron fuentes sindicales.
En dicha reunión, Chozas, además de informar sobre esta intención del Gobierno, comunicó a los sindicalistas que, aunque hubiera un supuesto acuerdo entre empresarios y sindicatos sobre negociación colectiva, el Ejecutivo incorporaría la reforma que tiene preparada.
En cualquier caso, CC OO y UGT han decidido que no piensan abrir una negociación con la patronal para renovar la negociación colectiva, informaron estas mismas fuentes sindicales.
Sin embargo, fuentes autorizadas del Ministerio de Trabajo negaron que Chozas hiciera este anuncio durante dicha reunión -cuya existencia sí confirmaron-, y aseguraron que el Gobierno aún no ha decidido definitivamente cuál es la mejor manera de acometer la reforma de la negociación.
No obstante, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, volvió ayer a dibujar en público las reformas de la negociación colectiva que el Gobierno cree nece-sarias.
Así, explicó la necesidad de descentralizar los convenios, de tal forma que se limiten los contenidos de los convenios sectoriales que son de obligada introducción en los convenios inferiores, principalmente en los de empresa.
En este mismo sentido abogó por que los salarios tiendan a fijarse en función de la rentabilidad de las empresas y por que se potencien los salarios diferidos, como fórmula de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Por otra parte, el secretario general de Empleo, Juan Chozas, explicó ayer la letra pequeña del decreto de reforma laboral que aprobó el Con-sejo de Ministros del día 4 de marzo.
Según Chozas, Trabajo estima que el nuevo programa de bonificaciones al empleo estable generará 800.000 nuevos contratos indefinidos incentivados a lo largo de este año. El Gobierno prevé gastarse alrededor de 300.000 millones de pesetas en este ejercicio en estas bonificaciones.
A tenor de este volumen de contratos, el Gobierno cree que la reforma aprobada tampoco va a causar grandes estragos en la creación de empleo, ya que en 2000 ya se registró una cifra similar de contratos fijos incentivados (700.000), en los que también se emplearon cerca de 300.000 millones.
El responsable de Empleo también defendió la disposición del Gobierno a incorporar en la ley de reforma laboral, durante su tramitación parlamentaria, "las medidas que lleguen con consenso" y "que se demuestren viables".
Asimismo defendió la ampliación del contrato de formación -con un salario inferior y sin protección por desempleo- para todos los inmigrantes. Dicho contrato podrán firmarlo, entre otros, los 70.000 inmigrantes en paro registrados actualmente en las listas del Inem, según los datos aportados por Chozas.
Cuevas pide más flexibilidad para la inmigración
El presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, pidió ayer al Gobierno que el reglamento de la Ley de Extranjería incorpore una mayor rapidez en los trámites para contratar a trabajadores inmigrantes.
Cuevas aseguró que los empresarios se comprometen a contratar a inmigrantes "con los mismos derechos que los españoles, incluso asumiendo responsabilidades en procesos de formación". Precisamente la reforma impuesta por el Ejecutivo permite ya realizar un contrato de formación (antes sólo disponible para los menores de 21 años) a todos los inmigrantes de cualquier edad durante los dos primeros años de su permiso de trabajo.
En cualquier caso, pidió que se elimine el requisito vigente que consiste en que las autoridades de algunas comunidades autónomas tengan que realizar un informe en el que se diga que no hay ningún trabajador español con aptitudes para ese trabajo en oferta. "Esto está impidiendo que se legalicen contratos de trabajo a inmigrantes", dijo.