Bruselas dice que el tributo de Ibarra no vulnera sus normas
La Comisión Europea ha dicho claramente que no ve que el impuesto que creará Ibarra para gravar los depósitos de las entidades de crédito extremeñas vaya contra las normas de la UE. Hacienda y la patronal bancaria, la AEB, ya están analizando jurídicamente el anteproyecto de ley. La AEB insiste en que tiene "visos de inconstitucionalidad".
El portavoz de Mercado Interior en la Comisión Europea, Jonathan Todd, declaró ayer que "no parece que haya ninguna contradicción con las normas comunitarias".
Todd explicó ayer a Efe que "no hay implicaciones relativas a la normativa europea" y que no existe discriminación entre "bancos españoles y los que no lo son".
La aprobación en firme del impuesto por parte de la Junta de Extremadura sigue alimentando la polémica. "Va contra la libre circulación de capitales" y "tiene visos de inconstitucionalidad", es el mensaje que repite la Asociación Española de Banca (AEB) contra el tributo. Tanto la patronal bancaria como el Ministerio de Hacienda han comenzado a analizar jurídicamente el anteproyecto de ley aprobado.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo ayer a Europa Press que está estudiando el nuevo tributo, "aunque aún es pronto para dar una valoración".
El Ejecutivo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra parece no temer la posible batalla jurí-dica que pueda plantearle el Gobierno central, porque se apoya en el artículo 157 de la Constitución, en varias sentencias del Tribunal Cons-titucional y en el Estatuto de Autonomía.
Ibarra afirmó ayer que el anteproyecto de ley prohíbe que los bancos repercutan el impuesto en sus clientes. Y dijo que "la batalla" del impuesto "va a ser de campeonato pero la vamos a ganar".
El 24% de la recaudación
De hecho, "el impuesto es algo muy meditado", dicen los expertos en fiscalidad ante el planteamiento del impuesto, que gravará los depósitos captados por bancos, cajas de ahorros y rurales según un canon variable. Para menos de 25.000 millones de pesetas (150 millones de euros) captados, se aplicará un 0,3% y para más de 200.000 millones de pesetas (1.200 millones de euros), un 0,6%. Por cada oficina, las entidades se deducirán 5.000 euros.
Según estos expertos, los 5.000 millones anuales que espera recaudar la Junta extremeña con el tributo supondrán el 1,3% de sus ingresos y el 24% de la recaudación por impuestos, que no es elevada en comparación con otras comunidades.
Los presidentes de Castilla-La Mancha y Andalucía, José Bono y Manuel Chaves, han pedido respeto a la medida de Ibarra, pero de momento no la secundarán.
El PP extremeño incluso acepta el tributo, aunque exige que se prohíba a las cajas invertir en renta variable para que destinen más gasto a la región.
El Instituto de Estudios Económicos cree "aberrante e ilegal" el impuesto.