La crisis interna paraliza la actividad de la Sindicatura de Cuentas
La Sindicatura de Cuentas, el órgano externo que fiscaliza el sector público en Cataluña, se encuentra prácticamente paralizado como consecuencia de la crisis interna que atraviesa. La gota que ha colmado el vaso ha sido la imposibilidad de sustituir al hasta ahora síndico mayor, Ferrán Termes, por Montserrat de Vehí, la candidata propuesta por Convergència i Unió.
La Sindicatura está formada por siete miembros independientes, aunque elegidos por el Parlamento a propuesta de los partidos políticos: tres a instancias de CiU, dos del PSC, uno del PP y otro de ERC.
De Vehí debía ser elegida el pasado martes como responsable del organismo, pero la elección fue aplazada hasta mañana ante la imposibilidad de conseguir el apoyo necesario. La candidata de CiU, próxima a Unió, debía obtener al menos cuatro votos, pero ni siquiera consiguió los de los otros dos miembros propuestos por la coalición nacionalista.
De Vehí sólo fue votada por el representante propuesto por ERC, mientras que Xavier Vela, elegido a instancias de CiU, obtuvo tres votos, incluido el del síndico que representa al PP. Los dos miembros propuestos por el PSC se votaron entre sí para no inmiscuirse en la polémica. De Vehí, igual que el anterior responsable de la Sindicatura, es considerada próxima a Unió.
Los problemas para elegir al nuevo responsable del organismo obedecen a diferencias personales entre sus miembros y se vienen arrastrando desde hace meses. El anterior síndico mayor, Ferrán Termes, abandonó el cargo a principios de febrero en medio de duras acusaciones de obstruccionismo e improductividad hacia los otros dos síndicos propuestos por CiU (como él) y hacia el designado a instancias del PP.
Termes alegó, asimismo, insuficiencia de medios para llevar a cabo la labor encomendada a la Sindicatura: fiscalizar a la Generalitat y las corporaciones locales, incluyendo organismos autónomos y empresas públicas.
La falta de recursos del órgano que controla las cuentas públicas se ha puesto de relieve en más de una ocasión al presentar sus informes al Parlamento, del que depende orgánicamente, con un retraso que ha llegado a superar el año y medio.
Si no recibe nuevas dotaciones, esta situación se verá agravada tras el acuerdo de autolimitación del gasto electoral suscrito la semana pasada por los partidos políticos catalanes. Según este pacto, los partidos se someterán también al control fiscalizador de la Sindicatura.
Presupuestos electorales
A partir de ahora este organismo deberá controlar los presupuestos electorales que le presentarán las diversas formaciones y su liquidación tras los comicios. Su actuación, no obstante, irá más allá del periodo electoral y abarcará a las fundaciones y entidades que reciben apoyo de los partidos.
Seis meses después del cierre de cada ejercicio anual, los partidos entregarán a la Sindicatura los datos de ingresos y gastos del año anterior, especificando la procedencia de las aportaciones, públicas y privadas. Este organismo podrá realizar las verificaciones que crea oportunas y deberá presentar un informe sobre los controles realizados. Con toda la información recabada, organizará un registro público.
El acuerdo de los partidos afirma que "se habilitarán los medios necesarios" para que la Sindicatura pueda desarrollar las funciones encomendadas, pero no determina cuáles serán estos medios. El presupuesto de la Sindicatura para 2001 asciende a 683 millones de pesetas, 16 más que el anterior. El Consejo del Audiovisual cuenta para este año con 725 millones.