Agricultura ultima medidas fiscales y económicas para los ganaderos
La respuesta del Ministerio de Agricultura español a la avalancha de solicitudes de ayudas directas destinadas al incremento de la renta de los ganaderos afectados por la crisis de las vacas locas será un paquete de medidas que aprobará, probablemente, el Consejo de Ministros del próximo viernes.
D e momento, el informe elaborado por los técnicos ministeriales se encuentra en manos del Ministerio de Economía que evaluará el montante económico con que serán ejecutadas estas medidas.
El responsable de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha quemado todas las naves en los foros internacionales para lograr ayudas directas a los productores de vacuno español, con el ánimo de ahorrar esta factura al Gobierno de José María Aznar. El pasado lunes, antes del Consejo, apoyó la petición de ayudas directas a cargo del presupuesto comunitario y luego mostró su rechazo rotundo a la posición de Francia de conceder ayudas nacionales a los ganaderos.
De momento, el ministerio quiere aplacar, con una línea de créditos blandos tramitados por mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), las iras de todas las organizaciones agrarias que amenazan con movilizaciones por las ayudas directas.
El paquete de medidas incluye la redacción de la normativa precisa para rebajar la edad de la jubilación anticipada hasta los 55 años y el incremento de las primas que perciben los beneficiarios, en la actualidad fijadas en 1,2 millones de pesetas anuales.
Asimismo, desde el punto de vista fiscal, se estudia una rebaja de los módulos de cotización de lo ganaderos, una reducción en el impuesto de bienes inmuebles que grava las explotaciones de ganado y un aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social que deberían ser abonadas por los ganaderos.
Además, el Gobierno habilitará una partida de 16.150 millones de pesetas para poner en marcha dos líneas de seguros que entrarán en vigor durante el segundo semestre de este año, para ofrecer cobertura a los ganaderos afectados por casos positivos en su explotación y para facilitar la retirada de los cadáveres de animales de las granjas.
Los partidarios de las ayudas directas, organizaciones agrarias y organizaciones de productores, cuentan además con aliados de excepción en tanto que parten de la misma formación política del ministro Arias Cañete.
Se trata de los responsables de las Consejerías de Agricultura de Galicia y del País Valenciano, Juan Miguel Diz y María æeuro;ngels Ramón-Llin. Esta última ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de que el sector productor cuente con ayudas directas.
El responsable gallego por su parte, ha dicho que si la Unión Europea autoriza que los Estados miembros otorguen ayudas, "España también responderá".
Dinero nacional y comunitario
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha sido atrapado en la telaraña de sus propias declaraciones por quienes permanecen atentos a todos sus movimientos: las organizaciones agrarias.
Arias Cañete no ha dejado de manifestar ni un sólo día durante la últimas semanas la absoluta necesidad de que los productores de ganado vacuno reciban ayudas directas como único modo de rehacer sus rentas. El Gobierno español (junto al belga) fue el primero que estimó que hacía falta la solidaridad comunitaria en esta crisis.
"Al igual que en la crisis de 1996 que afectó sólo al Reino Unido y hubo ayudas cifradas en más de 750 millones de euros, entendemos que en la situación actual, en la que hay un gran número de países implicados es el momento de la solidaridad", explicaba Cañete el pasado lunes en Bruselas. Cuando se conoció la negativa de la Comisión a la concesión de ayudas directas, las organizaciones agrarias le recordaron que el dinero español también vale para compensar a los ganaderos por las pérdidas sufridas.
En este sentido, los profesionales le acusan de mantener una actitud demagógica al defender sus intereses sólo cuando el Gobierno no tiene que poner dinero sobre la mesa.